La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) es conocida por su tarea de banco de desarrollo que presta a bajas tasas de interés y a largo plazo a municipios, departamentos y empresas para proyectos específicos.
Pero al tiempo que desembolsa créditos, la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda también se convirtió en la mano derecha de los ministerios para ejecutar con recursos de la Nación proyectos priorizados.
En ese frente de trabajo ejecuta 759 obras de agua y saneamiento básico, vivienda e infraestructuras de impacto social que suman 8,2 billones de pesos en distintas regiones del país.
En el caso de Antioquia, se trata de una treintena de proyectos por un valor total de 122 mil millones de pesos, de los cuales 92 mil millones son para 18 proyectos de mejora, ampliación o construcción de acueductos y redes de alcantarillado.
Así lo precisó a EL COLOMBIANO el vicepresidente Técnico de Findeter, Alejandro Callejas Aristizábal, quien acaba de pasar revista a los proyectos que están bajo supervisión de la entidad en el departamento.
“En las próximas dos semanas se terminarán las obras de aguas y saneamiento básico en San Vicente Ferrer (Oriente antioqueño), en las que se invirtieron 10 mil millones de pesos, al tiempo que avanzan en Urabá las de Apartadó por 2.200 millones y ya se instaló alcantarillado en Turbo”, comentó el funcionario.
Claves de las obras
¿Pero qué hace un banco de segundo piso estatal operando proyectos de infraestructura pública? La respuesta se resume en cuatro palabras: eficiencia, prontitud, capacidad técnica y transparencia.
“Los ministerios priorizan y nos giran los recursos y Findeter monta el esquema de administración fiduciaria, consigue los contratistas, interventores y se hace cargo de la supervisión de las obras. Se trata de hacer que las cosas pasen en los tiempos adecuados”, señaló el funcionario.
Por esa vía se logran esquemas de ejecución más expeditos que con el esquema tradicional de contratación pública (Ley 80 de 1993), pero se aplican los mismos principios de transparencia, economía, responsabilidad, publicidad, selección objetiva y demás que señala la norma. De hecho, para los proyectos en ejecución se han vinculado en 550 convocatorias a más de 10 mil empresas.
De esa manera, se ha concretado que municipios como Vigía del Fuerte o San Juan de Urabá puedan tener una biblioteca pública, al tiempo que Apartadó construya su centro de desarrollo infantil. Por esa vía se levantaron las soluciones de vivienda para los damnificados de la avalancha de Salgar, ocurrida en 2015.
Pero al tiempo que avanzan las obras, también la entidad ha identificado falencias en la priorización y estructuración de proyectos territoriales, por lo que se ofrece asistencia técnica a alcaldías y gobernaciones en focalización de recursos de sus planes de desarrollo (ver Opinión)
“Desde Findeter hemos visto este año un comportamiento más lento en la ejecución de los entes territoriales, aunque vemos que las cosas comienzan a mejorar en el segundo semestre”, dijo Callejas, teniendo en cuenta que desde noviembre entra en vigencia la Ley de Garantías Electorales, la cual restringe la contratación hasta junio del próximo año.
En todo caso, uno de los motores para que no se aplace más la recuperación del crecimiento de la economía colombiana radica en la capacidad de los municipios y departamentos de acelerar la ejecución de obras públicas, de cara a un año 2018 en que la inversión pública de orden nacional se aminorará por restricciones fiscales.
