La cruzada de la familia Gilinski por el control del Grupo Nutresa, iniciada en noviembre del año anterior, llegó ayer a la Fiscalía General de la Nación, al anunciarse el comienzo de dos investigaciones que procuran establecer presuntos hechos de corrupción judicial.
A una semana de haber terminado sin éxito la oferta del inversionista árabe IHC Capital Holding (IHC), financiador en tres OPA anteriores formuladas por Jaime Gilinski, se conoció que el ente acusador recibió las denuncias penales, relacionadas con las demandas civiles interpuestas por el Grupo Sura y la compañía de Cementos Argos (ver Para saber más).
Aunque la Fiscalía no especificó en contra de quién están dirigidas las denuncias que recibió, se sabe que hace ocho días el Juzgado 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, a cargo de Rafael Antonio Matos Rodelo, profirió un auto mediante el cual decretó medidas cautelares en desarrollo de un proceso verbal promovido por Sura contra Ángela María Tafur, María Ximena Lombana, y Andrés Bernal, miembros de su junta directiva (este último no fue postulado el martes).
Con esta acción se habría evitado que Sura vendiera parte de las acciones que posee en Nutresa (35,23%) en desarrollo de esa operación, afectando los intereses de otros accionistas que estuvieron decididos a aprovechar ese negocio, entre ellos el banquero Jaime Gilinski.
Desde la holding financiera se indicó que conoció el caso por el comunicado de prensa que publicó la Fiscalía, aunque en el texto no se precisa que fuera un proceso abierto en su contra; en otras palabras la compañía sostuvo no haber recibido notificación alguna, y al cierre de esta edición no había un pronunciamiento oficial ni información relevante a través de la Superintendencia Financiera.
¿Qué se investiga?
El ente investigador señaló que tratará de establecer posibles irregularidades en los procedimientos de reparto, en los autos admisorios y en la adopción de medidas cautelares, en el trámite de las demandas civiles, que “podrían configurar hechos de corrupción judicial”.
Una vez conocida la situación, su complejidad y la gravedad de los hechos, la Fiscalía encargó del proceso a la Dirección Especializada contra la Corrupción y destacó un equipo compuesto por dos fiscales, uno de ellos Delegado ante Tribunal de Distrito, así como un grupo interdisciplinario de servidores de policía judicial, entre los que se encuentran expertos en informática forense, administradores de empresas, contadores y abogados.
“Esto, a efectos de garantizar el avance estratégico, ágil y eficaz de la investigación y dar una respuesta pronta a la ciudadanía sobre el esclarecimiento de estos hechos que son de público interés”, se lee en el comunicado.
Anticipando pleitos
El pasado martes, antes de que la Fiscalía anunciara la apertura de sus averiguaciones, se celebró una asamblea extraordinaria de accionistas de Sura, en la que se eligió la junta directiva de la compañía.
Para facilitar la escogencia, la mayoría de los asistentes aprobó levantar la Política de Nombramiento de los integrantes de la junta, pues de lo contrario algunos de los nominados, en particular dos nombres propuestos por Gilinski (Ángela Tafur y María Ximena Lombana) no habrían podido ser votados.
Tras esa aprobación, Maximiliano Londoño, en nombre de Grupo Argos dejó una constancia señalando que había votado a favor de levantar la política de nombramiento de la junta de Sura con el objetivo de facilitar el gobierno de la compañía.
No obstante, advirtió que la holding de infraestructura se reservaba el derecho de ejercer los derechos correspondientes con “ocasión de actuaciones que son materia de procesos judiciales”, lo que se considera como un anuncio de procesos legales llevados ante instancias de la justicia.
