En Colombia, con corte a diciembre de 2023, se registraron 4.471 empresas en Ley de Insolvencia para reorganizar sus pasivos y tratar de mantenerse activas en el mercado. La cifra de solicitudes aumentó 10% el año pasado con respecto a 2020, año en el que se vivió la crisis económica más dura de la historia reciente.
De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Sociedades, si se comparan las solicitudes para entrar en reorganización entre 2014 y 2023, hubo un incremento de 147%, dado que el año pasado 1.420 empresas solicitaron ser aceptadas en el trámite de reorganización.
Un hecho para resaltar tiene que ver con la variación en la cantidad de solicitudes a partir de la pandemia; en 2020, año en el que se vivió el ‘crash’ de la economía, hubo 1.292 solicitudes para entrar en proceso de reorganización. Para 2021, el total fue de 1.193 y la reducción anual de 8%; en 2022 la cifra subió a 1.219 y la disminución fue de 6%. Sin embargo, para 2023, el número totalizó 1.420 y aumentó 10% con respecto a 2020.
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Billy Escobar, superintendente de Sociedades, reiteró que los efectos de la pandemia se siguen manifestando en el presente y aseguró que su entidad prepara un proyecto de ley para agilizar la reorganización.
Según Confecámaras, al cierre del año pasado, en Colombia se contabilizaron 1,7 millones de empresas, se entiende que 0,4% del actual tejido empresarial solicitó entrar o ingresó al trámite de reorganización.
Aunque esta porción no suena crítica en relación con el tamaño del aparato productivo, hay que mencionar que, de acuerdo con las métricas recopiladas por la Supersociedades, 199.762 personas tienen su empleo en esas empresas que enfrentan riesgos de liquidación.
El plan de la Supersociedades
Entendiendo que las empresas son el corazón que irriga vida a la economía a través de los salarios, la inversión y los impuestos, el superintendente detalló varias estrategias con las que pretende contrarrestar la potencial insolvencia de las compañías.
“Nosotros emprendimos una tarea enorme de visitar todas las regiones del país para capacitar a las empresas. Y adicionalmente, otra estrategia es conseguir inversión de todo orden: nacional, internacional, pública y privada a través de diferentes mecanismos”, expuso.
Entre los métodos para materializar esa capitalización, tal como lo indicó, podría contemplarse que los propietarios vendan una porción de las empresas o que levanten financiación. Además, hizo notar que sería viable pensar en una venta total de las compañías para que continúen con su objeto social y no se afecte la economía ni los empleos que dependen de su operación.
“Hay muchos mecanismos que permiten prevenir la situación para que las empresas salgan adelante. Por un lado, tenemos la capacitación, y por otro, está la analítica. Estamos fortaleciendo nuestros sistemas de información para que sea más ágil. Esto, a efectos de hacer un adecuado seguimiento y saber cuál es el estado real de las empresas del país. Y finalmente, establecer convenios con múltiples instituciones públicas y privadas”.
En ese paquete de tácticas, como se mencionó, está el proyecto de ley de salvamento empresarial, que modificaría la Ley 1116 y daría más herramientas para esquivar la liquidación, una iniciativa que haría más ágil el trámite de la reorganización.
“La mentalidad es que todas las fuerzas que nosotros tengamos, van orientadas al salvamento de las empresas. Cuando una empresa entra a reorganización, hay otras que se afectan, las proveedoras de servicios”, explicó.
