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Durante el 2021 la mayoría de compañías colombianas evidenciaron un repunte en los ingresos respecto a 2020, y sus indicadores económicos mostraron una recuperación clara tras los periodos de aislamiento y de restricciones por la pandemia.
No obstante, los informes de resultados también dan cuenta de los llamados pasivos contingentes que abarcan posibles cuentas por pagar relacionadas con procedimientos judiciales, regulatorios y de arbitraje, impuestos y otras reclamaciones derivadas de la realización de actividades normales de las empresas.
Una revisión a los reportes de conglomerados como Bancolombia, Argos, Nutresa, EPM, ISA, Isagén, Une EPM Telecomunicaciones o Éxito, y a sociedades como Fabricato, Enka o Coltejer muestran partidas por más de $1,4 billones para atender estas eventualidades (ver gráfico).
Las administraciones de las compañías aseguran que estas contingencias son evaluadas teniendo en cuenta las mejores estimaciones, y para responderlas se establecen las provisiones necesarias para todo ese tipo de reclamaciones, validando la probabilidad de ocurrencia, e incluso calificando si esta es probable, posible o remota.
Las contingencias son provisionadas y registradas cuando toda la información disponible indique que es factible su ocurrencia, y que las empresas estarían obligadas en el futuro a realizar desembolsos para cubrir este tipo de eventos que sucedieron en el pasado, y los montos pueden ser razonablemente estimados.
Por lo general, para hacer una adecuada evaluación de la probabilidad y estimación de los montos involucrados, las compañías tienen en cuenta las opiniones de expertos internos y externos.
En la mayoría de casos, las empresas estiman que dichos litigios no afectarán de manera significativa su situación financiera o su solvencia, incluso en el supuesto de una conclusión desfavorable.
El escalafón de compañías con mayor volumen de provisiones para atender los litigios es EPM que contabilizó al cierre del año anterior $543.480 millones, cifra superior en 81,1% a la reportada en 2020, de $300.056 millones.
El aumento por $243.424 millones fue originado principalmente por siete acciones de grupo contra EPM y la futura central hidroeléctrica Ituango. Esta cuenta no incluye otra partida por $27.601 millones originada por la actualización de la provisión, la cual contempla el incumplimiento de noviembre de 2021 hasta septiembre 2023, al transportador de energía Intercolombia por los meses posteriores a la entrada en operación de la infraestructura de conexión de Hidroituango (ver Dicen de...).
El listado lo sigue Une EPM Telecomunicaciones (Tigo) que señala que el total de las reclamaciones suma los $447.854 millones, derivados de demandas interpuestas por Emcali, el Departamento de Antioquia, Comcel, y de algunos requerimientos hechos por la Dian.
El Grupo Argos explica que sus filiales hacen parte de procesos judiciales de diferente naturaleza, actuando tanto en calidad de demandante como demandada, y que dichos procesos por $256.036 millones vienen siendo atendidos diligentemente por parte de abogados calificados que han sido contratados.
Para estos conflictos que pueden ser de orden civil, administrativo, penal y fiscal la holding de infraestructura considera que el tiempo estimado de terminación oscila entre tres y ocho años aproximadamente.
Por su parte, ISA también reconoce que está inmersa en litigios y demandas en Brasil, Colombia y Chile, del orden de $135.744 millones.
Una de ellas corresponde a una acción de cobro interpuesta por Eletrobras contra ISA Cteep, en Brasil, en la que se solicita la devolución del valor cobrado en exceso de un contrato, y para lo que ISA dispone de una provisión por $27.993 millones.
A su turno, la generadora Isagén estableció provisiones por valor de $19.151 millones al cierre de 2021, para cubrir acciones legales en su contra. Entre ellas, dos asociadas a supuestas afectaciones causadas con la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, en Santander.
Tampoco escapa a este tipo de contingencias el Grupo Bancolombia, que provisionó $51.155 millones. En ese contexto, la entidad financiera está involucrada en una Acción Popular en la que se considera que con la reestructuración de las obligaciones financieras del Departamento del Valle y el plan de desempeño suscrito por el ente territorial, supuestamente se violaron los derechos colectivos de la moralidad pública y del patrimonio del Departamento.
Las filiales de Bancolombia en Panamá (Banistmo), El Salvador (Banco Agrícola) y Guatemala (Banco Agromercantil) también atienden los requerimientos de las diversas autoridades que adelantan diversos procesos.
Otra sociedad del denominado Grupo Empresarial Antioqueño, Nutresa, dispone de una provisión por $1.453 millones para contingencias legales, aunque en su reporte anual no las precisa ni detalla.
El saldo de provisiones del Éxito por $17.595 millones está dirigido a atender procesos administrativos, regulatorios, civiles y laborales que podrían tener finales adversos en Colombia, Argentina y Uruguay.
En igual sentido va el aprovisionamiento hecho por Enka de Colombia por $7.317 millones, mientras que las textileras Fabricato y Coltejer, reportan en esas cuentas $6.207 millones y $563 millones, respectivamente
Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.