Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, habló sobre la nueva reforma laboral y el decreto que aumenta las tarifas de retención en la fuente.
La política económica del Gobierno Petro no deja de generar incertidumbre. Esta semana fueron noticia la luz verde de la reforma laboral en Comisión Cuarta del Senado y la publicación del decreto 0572 que modifica las tarifas de retención en la fuente.
En medio de ese contexto, Luis Fernando Mejía, director del tanque de pensamiento Fedesarrollo, habló con EL COLOMBIANO y dejó varias alertas sobre los fuertes efectos que ambas medidas tendrán en el mediano plazo.
“El paso adelante tiene que ver con la inclusión de varios artículos que permiten que microempresas y trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo puedan empezar a cotizar a la seguridad social. En Colombia, el piso de cotización siempre ha estado en un salario mínimo, y los artículos 36, 37 y 38 de la reforma permiten que en las ocasiones en las cuales personas por menores horas trabajadas o simplemente por ingresos insuficientes y por debajo de un salario mínimo, puedan cotizar de todas maneras a la seguridad social.
Es un paso fundamental, porque cerca del 50% de los ocupados en Colombia justamente gana menos de un salario mínimo y la actual regulación los excluye de la formalidad porque no pueden cotizar por el nivel de ingresos que ellos reciben. Ahí está el paso adelante de esta reforma.
Los dos pasos atrás tienen que ver con que, otra vez, en la aprobación en Comisión Cuarta del Senado, se retomó la decisión de aumentar el costo del empleo formal a través de la reducción de la jornada diurna y del aumento de recargos en dominicales y festivos del 75% al 100% para todas las empresas independiente de su tamaño, que era la propuesta original.
La ponencia mayoritaria que se había radicado daba una exención de estas medidas, en particular de la reducción de la jornada diurna a las micro y pequeñas empresas, que son realmente el tejido empresarial del país, y eso al final no se aprobó. Por eso decimos que son dos pasos atrás, porque esa medida va a aumentar los costos de operación para las micro y pequeñas empresas que muy seguramente tendrán incentivos para informalizarse”.
“Sí hubo disminución. Fedesarrollo publicó un documento para medir los impactos de esa reforma de 2002 y se concluyó que los números en creación de empleo no fueron los esperados, pero tampoco se dice que no hubo impacto.
De alguna manera la discusión de política pública se volvió un blanco o un negro: sirvió o no, que es un poco la línea de los que han dicho que esa iniciativa no tuvo impacto. La reforma del 2002 sí tuvo impacto. De hecho fue muy positivo, especialmente porque brindó posibilidades para que los jóvenes pudieran ingresar a la formalidad.
La gente habla mucho de la reforma del 2002, pero tenemos un ejemplo, de hace 13 años que fue la iniciativa que redujo en 13,5 puntos porcentuales los costos de contratación del empleo formal. Esa reforma tuvo como consecuencia una reducción de entre 5 y 6 puntos de la informalidad.
El mercado laboral funciona como cualquier otro, si usted sube el precio del bien, la gente, en este caso las empresas, demandan menos empleo formal, si usted lo baja, se demandará más”.
“Creo que es más que todo un incentivo para moverse hacia la informalidad porque la gente que tiene un empleo formal, seguramente no va a poder pagar sobrecostos asociados a esta reforma, en el caso de un microestablecimiento comercial, con dos trabajadores y un administrador que operan de 9 de la mañana a 9 de la noche, significarían para la empresa un aumento cercano al 10% en el costo de la nómina. Para un microestablecimiento comercial cuyo margen de operación es usualmente es entre el 2% y 3%, y el valor de la nómina crezca 10%, eso implica que el negocio deje de ser viable. Las alternativas que le quedan son: la quiebra, pero muy seguramente lo que va a pasar es que su dueño va a decidir operar de forma informal, tanto la empresa como la demanda de trabajo, porque es mucho más barato”.
“Esta reforma laboral que se aprobó en Comisión Cuarta incorpora muchos de los elementos que había presentado el Gobierno en su propia reforma y que se había hundido en dos ocasiones. Además, la institucionalidad que ha construido el país para discutir estas reformas es naturalmente el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí están representados todos los ciudadanos por medio de los votos y hay una posibilidad de discutir con profundidad los costos y beneficios de cada una de las medidas. Ese no es el caso de la consulta, que son solo una serie de preguntas binarias en donde no hay lugar a grises, la respuesta es sí o no y no hay posibilidad de análisis de los impactos”.
“No tiene mucho sentido que en el contexto de la gravedad fiscal que enfrenta el país estemos hablando de invertir cerca de $700.000 millones en una consulta popular, que se puede tramitar sin ningún problema en un debate informado en el Congreso”.
“Sí, y en un contexto donde no hay pandemia que es lo más grave.
Eso es lo más preocupante, porque tiene sentido esperar un déficit alto en un contexto de una profunda crisis económica como la de 2020, donde la economía por primera vez en nuestra historia moderna tuvo una contracción del 7% real; que es muy distinto a lo que ocurre hoy, cuando tenemos un crecimiento de la economía que estaría en alrededor del 2,7%, y que, como consecuencia, no debería verse un deterioro importante en el déficit.
Si el Gobierno no recorta el presupuesto en el 2025, no se cumplirá la regla fiscal, tal cual como ocurrió en el 2024. A pesar que el Gobierno dice que sí la cumplió, todos los analistas tenemos claro que hubo un incumplimiento y el déficit fue muy superior al planteado inicialmente: 6,8% del PIB”.
“Estamos hablando de un recorte de $40 billones, el Gobierno cuando arrancó el año hizo un decreto de aplazamiento de $12 billones, que faltan por materializarse, pero ya hubo un primer paso, a eso habría que adicionarle un recorte de $28 billones que permitan el total de $40 billones para lograr cumplir la regla fiscal y resolver una parte importante de su problema de caja”.
“No, no lo es porque lo que hace el decreto es aumentar el impuesto anticipado, cuando uno habla de una reforma tributaria, por naturaleza, lo que se refiere es a aumentar la carga tributaria de las empresas o las personas, o una combinación de las dos, en este caso no. Además, recordemos que el Gobierno no tiene las facultades para cambiar las cargas tributarias a través de un decreto.
Esa potestad es exclusiva del Congreso, pero precisamente el legislativo, hace muchos años, le delegó la competencia al Gobierno para determinar las tarifas de las retenciones en la fuente, que es un pago anticipado de impuesto de renta y complementarios, entonces el Gobierno puede hacerlo, eso no tiene discusión y no es una reforma por la puerta de atrás”.
“Es una idea muy mala y con consecuencias muy negativas por dos elementos: la primera, porque al aumentar el anticipo del impuesto de renta y hacerlo de forma inesperada las empresas tendrán que aumentar su flujo de caja para invertir menos y pagar más impuestos.
Eso va en contravía de la recuperación económica, incluso muchas empresas tendrán que endeudarse. El segundo es que esto no resuelve el problema de fondo, es que esto es como abrir un hueco para tapar otro hueco. Se adelantan impuestos del 2026 para financiar la caja del 2025, pero la consecuencia es que se abre un faltante de la misma magnitud para el próximo año”.
“Totalmente, parte de este aumento se puede trasladar al consumidor final a través de aumentos en los precios y eso va en detrimento de la dinámica de inflación que ha sido relativamente positiva en los últimos, tal vez, 18 meses.
Adicional, esto podría llevar a que algunas empresas tengan la obligación de simplemente cerrar porque no pueden cumplir con esas obligaciones. Ojalá el Gobierno pueda reflexionar porque es una solución que no está resolviendo el problema estructural que, ratifico, es un gasto que está muy por encima de los ingresos planteados este año”.
“Completamente, pero no es el único factor que puede retrasar la reducción de tasas de interés, en general la situación fiscal por la mayor percepción de riesgo, por el aumento de las tasas de interés de la deuda pública, generan un menor espacio para que el banco las reduzca. Eso es lo que se conoce de manera técnica como la dominancia fiscal, en la política monetaria, que el banco central está atado de manos en reducir más las tasas ante las preocupaciones en materia de inflación”.
“Claro, pero es que es muy distinto lo que ocurrió en 2023. En ese año se aumentaron las retenciones del impuesto de renta por una razón muy puntual y bastante razonable: hubo una reforma tributaria en el año anterior.
Entonces, cuando se aumentan los impuesto como ocurrió, lo que debe hacer la Dian es subir las retenciones para que ese incremento en impuesto se traduzca en un pago muy grande en el momento en que las empresas y hogares tengan que pagarle a la Dian esa carga tributaria mayor, entonces, se suben para hacer una especie de pago por cuotas que permita tener un mejor flujo de caja.
En cambio, lo que está ocurriendo este año es que el Gobierno, y no tengo memoria reciente de algo similar, está subiendo las retenciones sin que medie una reforma tributaria”.
