“Lo que no pudimos hacer en estos 20 años de manera organizada en el país, le tocó hacerlo a los jueces y ahora tenemos que modificar la ley colombiana para que el desarrollo de la minería no vaya en contra de los determinantes ambientales”, dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, quien en el Congreso Nacional de Minería que se realiza en Cartagena explicó los alcances del decreto de reservas temporales que se encuentra para observaciones.
”Clarificamos primero que este decreto, que surge en respuesta a una sentencia del Consejo de Estado que nos obliga a ordenar el sector mineroambiental, es una sombrilla que genera los criterios y lineamientos, pero que la definición de cada una de las reservas tendrá un acto administrativo específico, una resolución que justifique técnicamente porque se declara la reserva”, esto lo explicó luego de que varias entidades y organismos de control señalaran que la declaración de las reservas temporales serían un acto arbitrario y poco técnico. Una preocupación que ha sido acogida por la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
De acuerdo con la ministra, el mismo Consejo de Estado exige que la delimitación de las reservas temporales tenga un cronograma claro del proceso de zonificación y decisión final para que no se queden por muchos años y sí atiendan a ese criterio de temporalidad en el que se sustentan y logren en un corto tiempo una solución de fondo.
El Instituto Humbolt explica que una zona de reserva temporal delimita por un periodo de tiempo espacios de interés ambiental y minero para incluirlos en el catastro minero, con el fin de no otorgar allí nuevos títulos entretanto la autoridad ambiental toma decisiones sobre la estrategia de protección a aplicar.
“Este no es un decreto que se aplica a rajatabla, no es un decreto que busca acabar con el sector minero, no es un decreto que busca restringir la actividad, lo que busca es ordenar socioambientalmente territorios muy conflictivos en donde, desafortunadamente, como lo dice la misma sentencia del Consejo de Estado, por la articulación entre el sector minero y el sector ambiental se entregaron títulos y se generaron conflictos socioambientales en donde pueden estarse afectando determinantes ambientales”, dijo la ministra.
¿Y la seguridad jurídica?
Cada que se establece una nueva norma la principal preocupación es la seguridad jurídica, porque los empresarios ya adelantaron inversiones y planes estratégicos en territorios que podrían ser delimitados como reservas temporales.
La ministra, en cambio, cree que este decreto le apunta precisamente a mejorar las condiciones de seguridad jurídica a futuro, porque más adelante no será necesario volver a revisar decisiones como está ocurriendo hoy: “Yo le explicaba al sector que no es seguridad jurídica cuando usted empieza un proceso económico que va a terminar en una licencia ambiental y por la conflictividad social que genera el proyecto o porque no cumple realmente con la zonificación, termina negándose la licencia ambiental. La normativa actual generó dos contextos: inseguridad jurídica para las mismas empresas, esa falta de claridad de planificación, pero por el otro lado también desafortunadamente, generó una ilegalización el código minero de comunidades mineras tradicionales que terminaron desafortunadamente siendo instrumentalizadas por la mafia, por el crimen organizado y en muchas regiones hoy tenemos una minería criminal con un impacto ambiental mucho peor. Entonces estos dos temas son temas que tenemos que resolver hacia el futuro y que tenemos que dar un nuevo contexto de la minería”.
Este decreto, advirtió la ministra Muhammad, protege a quienes tienen su situación jurídica consolidada, que son quienes tienen títulos mineros y licencias ambientales aprobadas. “No puede pensarse que porque se otorgó un título tiene que aprobarse la licencia ambiental, hay que analizar cada caso para ver cómo se pueden superar los determinantes ambientales”.
