En Definitiva
Mientras camioneros y Gobierno se vuelven a sentar a la mesa, cada vez son mayores las afectaciones de tener más del 80 % del parque de carga apagado. Medidas deben llegar con acuerdos.
Al cierre de esta edición, los líderes de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera esperaban una respuesta del Ministerio de Transporte frente a la propuesta que enviaron para destrabar las negociaciones y para levantar la inmovilización del transporte de carga, que hoy cumple 39 días.
Así lo confirmó a este diario Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), luego de que ayer el presidente Juan Manuel Santos anunciara medidas administrativas para contrarrestar las consecuencias del paro camionero y los bloqueos presentados (ver Cara a Cara).
Se habilitará temporalmente que cualquier vehículo particular preste servicio de carga. Para facilitar la coordinación entre generador de carga y potencial proveedor se habilitaron las líneas 01-9000-3310021 y 01-8000-915615 y, las empresas que necesiten vehículos, pueden solicitarlos en la web supertransporte.gov.co. También aumentó el personal en peajes y no se exige pesaje en básculas.
Además se duplicará el pie de fuerza (policías y soldados) en las vías hasta los 50 mil uniformados. Esto incluye a quienes acompañan caravanas, como la que llegó ayer a Nariño para paliar el desabastecimiento de combustibles (ver nota anexa).
También se inmovilizará e incautarán camiones usados para taponamientos y se cancelará la licencia a conductores y propietarios que participen en estas vías de hecho.
Pero luego, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, informó que se empezaron procesos contra empresas que no faciliten el servicio, incluso aplicando medidas como cancelarles la habilitación y aplicarles multas de hasta 700 salarios mínimos (482,6 millones de pesos).
Incluso el superintendente de Transporte, Julián Jaramillo, afirmó a medios capitalinos que ya tienen identificadas compañías de carga que se someterán a investigación y sanción por cese de actividades.
“Faltan condiciones”
Este último anuncio generó malestar entre empresas transportadoras de carga, al señalar que participar de las caravanas no exime de acciones vandálicas y que apenas el 35 % del parque automotor de carga de servicio público del país son flotas propias, lo demás se contrata con terceros.
“Se hace lo posible por prestar el servicio, según lo permita el orden público. Las amenazas a conductores y empleados de las empresas han obligado a disminuir la prestación”, comentó Clarita María García Rúa, directora de Defencarga, gremio de empresas generadoras de carga y transportadoras que ya sentó su posición ante el superintendente Jaramillo.
Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, otro gremio transportador afectado por el paro, señaló que es inconveniente “generar una cacería de brujas. Mis afiliados están trabajando hasta donde es humanamente posible, además las pólizas de terrorismo solo cubren al vehículo, pero no a la mercancía y al conductor”.
Colfecar reportó hasta ayer que solo el 19 % del parque de carga del país está rodando, unos 53 mil vehículos. En las cuentas de Defencarga se han dejado de movilizar 320 mil toneladas diarias, cuando lo usual son cerca de 390 mil toneladas. Pérdidas del sector ascienden a 1,21 billones de pesos.
Aprietos en varios frentes
El Consejo Gremial Nacional (CGN), que apoya las medidas del Gobierno, indicó que los estragos del paro se acercan a 1,5 billones de pesos.
Por ejemplo, hay 80 mil toneladas de azúcar represadas en los ingenios, alerta la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Asogravas, gremio de materiales de construcción, señala que ha caído 50 % el despacho de cemento, concreto y agregados para obras civiles y edificaciones.
Productores agrícolas pagan el doble por transportar la misma carga que un mes atrás. La Federación de Cafeteros alertó que caerán a la mitad las exportaciones del grano, hasta 600 mil sacos, y hay 10 mil toneladas represadas.
La industria también afronta pérdidas. “Tenemos materia prima parada en puerto, hay desabastecimiento para todas las líneas de producción, nos ha afectado el recibo de materia prima nacional, no hay cómo despachar, tenemos incumplimientos con clientes y no tenemos dónde guardar más producto terminado”, resumió a EL COLOMBIANO Carlos Augusto Castro Ángel, gerente de la industria mobiliaria antioqueña Muma.
Sin diálogo a la vista
Con esa realidad, ayer se desarrollaron marchas y plantones de camioneros en distintos puntos del país, desde Bogotá, pasando por Bello (Antioquia) hasta Ipiales, en la frontera con el Ecuador.
Al tiempo, en Antioquia fueron quemados dos camiones más, en hechos que líderes camioneros aseguran no tienen que ver con su protesta. En Duitama (Boyacá) buscan a 54 jóvenes y adultos identificados como responsables de disturbios de los últimos días.
Y al tiempo que la Policía obligó a movilizar camiones orillados en varios puntos de concentración de Antioquia y del país. Luis Orlando Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Transportadores (ATC), reclamó el derecho a la protesta pacífica: “aunque nos quiten de puntos de concentración estamos firmes con nuestra propuesta, y nuestra arma son los vehículos apagados”.
Finalmente, el ministro de Transporte señaló ayer que coincide con líderes camioneros en subir el valor del flete y que hay una propuesta para hacerlo en rutas por donde se moviliza 80 % de carga del país, pero sin afectar los precios al consumidor final.
“Hemos dicho que queremos dar impulso a la reposición de vehículos. Si se chatarriza uno, entra uno, pero es mentira que se quiere acabar con la chatarrización”, precisó el funcionario al insistir que no se permitirán más bloqueos
