Un sector de la academia y algunos pequeños empresarios han manifestado inquietud debido a la posible eliminación de los contratos por prestación de servicios, algo que desde su óptica podría estimular la informalidad en el país.
Esta semana, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, defendió la posibilidad de derogar estos contratos argumentando que “van en contravía de lo que es el salario decente”.
Sostuvo que, si un empleador quiere crear un empleo, “tiene que generarlo con unos mínimos niveles de estabilidad, en vez de poner tres o cuatro (trabajadores), que coloque uno, pero bien”.
¿Por qué son polémicos?
Los contratos por prestación de servicios generan controversia porque el contratante no es quien debe asumir el pago de la seguridad social ni la cobertura contra riegos laborales.
Rafael Felipe Gómez, experto en derecho comercial de la firma Deraíz Abogados, explicó que en este caso se redacta un contrato en el que se estipula el desarrollo de un objetivo, pero en ningún momento hay una relación de subordinación por parte del contratista hacia el contratante.
Cuando hay prestación de servicios, detalló, “el contratante está obligado a respetar la autonomía técnica, directiva y administrativa del contratista, realizar el pago oportuno de los honorarios, verificar que el contratista pague los aportes respectivos a seguridad social y garantizar las condiciones para la ejecución de la labor”.
La realidad de muchos
De acuerdo con los datos de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), en mayo, más de dos millones de personas cotizaron a la seguridad social como trabajadores independientes.
Ese dato permite inferir que, de derogarse la figura contractual en cuestión, el mercado laboral sí sentiría un impacto porque, a juicio de un experto que pidió la reserva de su nombre, las pequeñas empresas no tienen el músculo financiero para vincular a ciertos profesionales. Entre ellos, contadores, ingenieros de sistemas o publicistas.
“Estos trabajadores tendrán problemas para generar ingresos porque, básicamente, no podrían ser contratados para labores puntuales y deberán esperar una vinculación total con una sola compañía, algo que puede tomar tiempo por la misma dinámica de nuestra economía”.
Los especialistas consultados también consideraron que la propuesta de la ministra de trabajo es “incompatible” con un sector de las nuevas generaciones.
“Con todos los cambios en tecnología, en los modelos de negocio y en las preferencias de los trabajadores, hay que tener muchas más formas de relacionamiento entre profesionales y contratantes”, comentó un experto en temas de competitividad.
“Sin contratos por prestación de servicios —añadió— se pierde una opción que puede ser valiosa para trabajadores y empresas. Normalmente se piensa que esta modalidad se presta para no cumplir con ciertas normas laborales, pero puede haber una gran cantidad de trabajadores con altos ingresos que no quieren ser empleados de nadie y tener diferentes clientes”.
Los más afectados
Una empresaria del sector del entretenimiento comentó que acabar este tipo de contrato sería “fatal” porque la facturación varía cada mes y los ingresos no son tan estables como para vincular a los colaboradores a término fijo.
“Hay meses que resultan presentaciones cada fin de semana, pero hay otros en los que no sale ni una. Y nosotros debemos pagarles a los músicos, a las personas de logística y sonido. Con ellos normalmente se hacen contratos de obra-labor, de otra manera, el costo de un show subiría tanto, que sería inviable para los clientes contratarnos”, subrayó.
Según las métricas de la UGPP, las actividades que concentran la mayor cantidad de contratistas cotizantes a seguridad social son: actividades, científicas y técnicas; servicios administrativos; comercio y reparación de vehículos; y atención de la salud humana (ver gráfico).
Mejorar la supervisión
Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, apuntó que el problema real de estos contratos es la “mala utilización” que le dan algunas empresas en las que sí hay una subordinación, horarios y control.
En este sentido, el investigador anotó que el Gobierno debe pensar en métodos para vigilar a los empleadores y “debe haber una transición para corregir todas las desviaciones del contrato cuando se usa para encubrir una verdadera relación laboral. No hay causales para terminarlos, pero deben utilizarse para lo que realmente fueron creados”.
