La discusión sobre el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, radicado el jueves por el Ministerio de Hacienda en el Congreso, el cual contiene la reforma fiscal, arrancó la semana con una serie de reuniones sobre los pros y contras de la iniciativa, entre ellos un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado y una audiencia pública sobre los posibles efectos de esas modificaciones entre los trabajadores y pensionados.
A lo anterior, se sumaron las reacciones de algunos gremios de la producción que tras analizar las ideas del Gobierno se pronunciaron sobre el impacto que su eventual aprobación causarían e incluso se conoció una primera reacción de la evaluadora de riesgos Fitch Ratings.
Mientras el debate toma fuerza, en las agendas de Senado y Cámara de esta semana no están previstas discusiones para darle trámite al tema, pero la Comisión Quinta de la Cámara tiene convocado un debate de control político esta mañana, al que está citado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y otros funcionarios, para que expongan la situación actual del Impuesto al Carbono, y para el cual se incluyeron ajustes en el proyecto radicado. Igualmente, en la plenaria del Senado convocada hoy a las 3 de la tarde, y a la que también está invitado Carrasquilla, posiblemente se haga mención de la pretendida reforma.
Mañana, a las 9, la Comisión Cuarta del Senado tiene convocado otro debate de control político al que también está citado el ministro de Hacienda, para que hable de los beneficios tributarios del proyecto de reforma.
Agremiaciones
En su revisión de las propuestas, entre las que se incluyen modificaciones al Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC), la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió sobre las graves consecuencias que traería para los hogares colombianos las disposiciones planteadas, al considerar que se eliminarían instrumentos tributarios que han sido fundamentales para promover y financiar la Vivienda de Interés Social (VIS).
“El proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible es un franco retroceso en el avance del modelo social que ha generado la VIS, dado que elimina la posibilidad de construir y financiar nuevos proyectos, con sus efectos negativos adicionales sobre el aparato productivo del sector de la construcción”, manifestó el gremio en un comunicado.
Según estimaciones de Camacol, la construcción de nueva vivienda social se reduciría un 80 %, es decir, que de 130.000 nuevas unidades VIS que se lanzan anualmente, la actividad se reduciría a 26.000, poniendo en riesgo el acceso de 100.000 hogares por año a la VIS, y afectando unos 440.000 puestos de trabajo y poniendo en riesgo la sostenibilidad del tejido empresarial y la demanda de insumos y materiales para la construcción en el 54 % del aparato productivo del país.
Para Sandra Forero, presidente de Camacol, "tal como está planteado el proyecto implica un retroceso de tres décadas en el modelo de acceso a la VIS que el país ha venido perfeccionando para los colombianos, dado que inviabiliza la oferta de nuevos proyectos habitacionales".
Por su parte, los productores de arroz, pollo, cerdo, huevo, leche y pescado coincidieron en señalar que la reforma generaría un duro golpe al bolsillo de los colombianos.
Según los voceros de Fedearroz, Fenavi, Porkcolombia y Fedeacua, la iniciativa afecta tres aspectos claves: el encarecimiento del costo de los alimentos, el crecimiento de la informalidad en el campo y la posición de desventaja del producto nacional frente a los importados.
Para esas agremiaciones, al eliminarse la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la canasta familiar y pasar a excluidos, significa que los insumos para la producción de alimentos van a tener un sobrecosto que en algunos sectores de la cadena de alimentos será entre el 5 % y el 10 %, valor que lo tendrá que pagar el consumidor.
Pensiones
En la audiencia pública sobre los posibles efectos de la reforma entre los trabajadores y pensionados, organizada por el senador del Polo Democrático, Alexánder López, se planteó que el mensaje de urgencia con el que se radicó el proyecto debe ser retirado, puesto que el asunto requiere una discusión profunda sobre el efecto social que puede desencadenar.
También se recomendó archivarlo porque va en contravía de los derechos fundamentales de los colombianos, y en particular de 2,3 millones de pensionados quienes resultarían perjudicados por la ideas sugeridas frente a la aplicación de impuestos a las mesadas de los jubilados.
“Las pensiones no pueden ser catalogadas como un ingreso laboral, las pensiones son la devolución de un ahorro hecho por el trabajador durante su vida laboral, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-177 de 1998”, expresó López, quien también anunció que se emprenderán acciones penales contra los gestores del proyecto por considerar que este viola el ordenamiento a la normas que protegen los derechos humanos, y en particular de trabajadores y pensionados.
La defensa
A su turno, ante la Comisión Tercera del Senado que realizó un debate de control político, el viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, sostuvo que la consolidación fiscal del país requiere de múltiples herramientas, entre ellas una reducción de los gastos del estado; la menor evasión tributaria y la ley de Solidaridad Sostenible.
“La reforma es necesaria, es progresiva porque los que más ganamos vamos a aportar más, es equilibrada”, enfatizó el funcionario, quien insistió en que si el país no logra una estabilidad macroeconómica no se logrará reducir la pobreza.
En el mismo escenario, el expresidente de Anif, Sergio Clavijo, manifestó que el país está en una encrucijada en la cual es necesario dar la señal internacional para contar con fuentes adicionales de gasto social permanente y sostenible (ver ¿Qué sigue?).
“Me parece que están bien equilibradas las fuentes, pues ponen las firmas sacrificando parte de las gabelas corporativas que se habían dado, pone la clase media y en especial la clase alta al reiterarse el impuesto al patrimonio”, concluyó Clavijo
$23,4
billones es el recaudo anual que busca la reforma fiscal del MinHacienda.
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