La mano de obra en estaciones de servicios y el transporte de carga y pasajeros también sería impactada negativamente por los cambios en el régimen laboral.
El texto del resucitado proyecto de reforma laboral que debatirá en los próximos días la plenaria del Senado contiene un par de aspectos que tienen haciendo sumas y restas a empresarios y trabajadores.
El asunto pasa por las normas que buscan establecer que la jornada laboral nocturna empiece a las 7:00 de la noche, y no a las 9:00, como ocurre hoy, y que el recargo por el trabajo en días domingos y festivos pase del 75% al 100%.
Ese texto, aprobado el pasado martes en la Comisión Cuarta del Senado y alineado con lo que adoptó la Cámara de Representantes, mantiene en alerta a varios sectores de la producción, intensivos en mano de obra, cuyas actividades en buena parte se ejecutan en la noche.
De esto hacen parte los empresarios del mundo gastronómico, la vigilancia privada, los transportadores de carga por carretera y las estaciones de servicio.
Pablo Hernández Hussein, líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, cuestiona que el actual Gobierno, en campaña y en diversos momentos, ha mencionado que el proceso de descarbonización está dirigido a mover la economía colombiana para que deje depender del petróleo, y darle protagonismo a sectores como el turismo.
“Uno esperaría que el turismo, hoteles, bares, restaurantes, todo lo que se mueve en la noche, tenga en cierta medida una visión de promoción y patrocinio de medidas que lo permitan. Entonces, no hace mucho sentido que estemos migrando de un proceso de dependencia económica del sector petrolero y pasando al sector turístico, pero se le imponen este tipo esfuerzos económicos que deben asumir los empresarios”.
Otro punto sobre el que llama la atención Hernández tiene que ver con la redacción de la ponencia mayoritaria que fue aprobada.
Es así como en el debate de dominicales y festivos se decía que el domingo pasaría de 75% al 100%, y el festivo se dejaría en el 75%. Pero en lo que se aprobó se dejaron nivelados en el 100%.
“Pero el texto tiene una redacción muy compleja y permite entender que no solamente es pasar de 75% al 100%, una diferencia de 0,25 puntos porcentuales, sino que tiene una parte que dice: ‘Sin perjuicio del pago del descanso dominical’. ¿Y qué quiere decir esto? Que si una persona trabaja el domingo, tendría derecho a que se le pague la hora de trabajo normal, más el 100% de recargo, más un 100% por el descanso que tenía y que no disfrutó. Entonces, casi que ya no estamos hablando de un 100%, sino que estamos hablando del 200%. Entonces, ahí sí hay un recargo absolutamente importante. Y eso es un tema de simple redacción que está pasando de agache y no se está viendo de buena forma”, comentó.
Un elemento adicional, en cuanto al recargo por trabajo nocturno, es que se considere que pasar del 75% al 100% resulte en un monto pequeño. Pero en la realidad eso empieza a tener unos impactos multiplicadores por cada uno de los trabajadores, en liquidación de prestaciones sociales.
“Ese 0,25% de diferencia tiene impacto en las prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses a las cesantías y tiene impacto en los aportes a seguridad social. Ahí está la carne, que no es solamente ese 0,25, sino que eso va a tener un impacto multiplicador en prestaciones sociales, lo cual afecta mayormente a estos a estos sectores”, detalló Hernández.
La entrada en vigencia de la aprobada reforma laboral tendría dos consecuencias en el sector gastronómico. El primero es que se aumente el número de establecimientos cerrados, que es un indicador que desde agosto 2023 está en ascenso en el país, y en segundo término que la gente busque maneras de pasar a la informalidad.
Así se expresa Guillermo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga), quien resalta que ninguno de esos escenarios se mejorarían los derechos de los trabajadores.
“Nuestro sector tiene una particularidad y es que los trabajadores no solamente reciben el ingreso de su salario, sino que hay un factor adicional con el cual el mercado premia su esfuerzo, que es la propina”, comenta el dirigente.
Entonces, luego de tres años de caídas constantes en las ventas, porque han subido los precios de los menús, porque los costos de operación llevan 48 meses subiendo de manera permanente, lo que a su vez provoca que tanto trabajadores como empresarios perciban menos ingresos, sea por propinas, o por la operación del restaurante.
En ese entorno, Gómez sostiene que encarecer la nómina, lo único que conlleva es a los escenarios de cierres o de mayor informalidad.
El panorama que para esta actividad expone el dirigente gremial es negativo, pues asegura que estarían en riesgo, en principio, unos 40.000 empleos de los 420.000 que genera el sector, es decir alrededor del 10%.
“Cuando destruyes empleo formal o posibilidades de ampliarlo, la gran pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo se hacen efectivos los derechos? Ese es el centro del debate, porque un derecho en el papel, que no se puede implementar en la realidad se queda en ilusión”, añadió.
El presidente de Acoga también explica que la aplicación de la reforma aprobada aumentaría en 6% los costos de operación de estos negocios, por cuenta de los mayores valores que la reforma impone para contratar personal.
Para Gómez, lo ideal sería que no se aplicaran cambios y que la jornada nocturna permanezca desde las 9:00 de la noche, y el recargo por laborar los domingos y festivos sea de 75%.
Acoga coincide con la Andi y el Consejo Gremial Nacional en que el sector privado siempre debe aportar para atender las coyunturas y las aspiraciones del país. “Esta reforma no va a ser la excepción, es necesaria”, enfatiza Gómez, quien aboga porque se atienda la realidad del sector productivo colombiano que en su gran mayoría es de micro, pequeña y medianas empresas.
“Entendemos que se debe avanzar y que la vía es el Congreso, porque también el intento que ha hecho el Gobierno de buscar vías alternativas (Consulta Popular) no corresponde al respeto por las instituciones democráticas. Entonces entendemos eso, pero urgimos un alivio que permita sostener las operaciones especialmente de los formales”, precisó.
Desde la presidencia de la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad), Nicolás Botero, advierte que si la reforma laboral queda como fue aprobada, sería muy mala para la seguridad privada, para las empresas y para los trabajadores.
“Los negocios no se hacen sobre una persona. Cuando usted piensa en 400.000 empleos que hay en este sector, las cuentas son a otro precio, y ya no son los $5.000 o $3.000 de los recargos, ni como dijo un ministro que es que somos amarrados. La economía es un equilibrio de oferta y demanda. Yo vendo un servicio que es demandado, si yo lo vendo muy caro, la gente no me lo compra, pero incluso si lo vendo muy barato puede que tampoco”, menciona Botero.
Con lo que está pasando en el Congreso, el vocero de Fedeseguridad ve dos riesgos inminentes. El primero es la contracción del sector, pues las familias, los edificios, los conjuntos y las empresas optarán por recortar el servicio porque se volvería más caro.
Y en segundo lugar, las empresas también se van a acomodar internamente, pues ya no van a tener una persona a la que le tengan que pagar tantos recargos, y más bien preferirán tener una persona adicional y pagarles a los dos.
“O sea, el ingreso por vigilante se va a disminuir y el ingreso por empresa se va a disminuir. Será un pierde lo que nosotros estamos viendo”, añadió.
Para Botero es esencial entender que los empresarios no están en contra de los empleados. “Si hay un sector al que le importen los empleados es a este. El 80% del costo de la vigilancia es pagar la nómina y pagarla bien. Yo represento a Fedeseguridad que tiene más o menos 100.000 empleos de los 400.000 que genera el sector. Vivimos buscando gente, y estamos muy preocupados, y lo que estamos diciendo es que hay que darle plazo a la economía y a las empresas para pagar esto, es decir que empiecen los recargos paulatinamente, desde enero de 2026 y llevarlos hasta el 2028”, dice.
Un detalle que el presidente de Fedeseguridad recalca es que el país viene aplicando una reducción de la jornada laboral semanal, de 48 horas a 42, lo que representa un 14% adicional de la hora ordinaria laboral.
Sobre esta hora ordinaria es que se calcula el recargo nocturno, el dominical y el festivo. Y si esta hora sube por cuenta de que se va a trabajar con el mismo salario pero menos horas, al trabajador por hora le pagarán más.
En ese entorno, el gremio estima que la tarifa podría subir un 18%, sumados los recargos de la reforma y por la reducción de la jornada laboral.
Botero añade que de los 400.000 puestos de trabajo que genera el sector de la seguridad privada, se podrán perder unos 18.000 por impacto de la reforma laboral.
De otro lado, llama la atención que en un mundo laboral tan cambiante la unidad de medida debería ser la hora, pues el problema no puede ser si se pagan recargos desde las 6:00, las 7:00 o desde las 8:00 de la noche. “El mundo ya no se mide en jornadas, y la justicia es que todos pudiéramos tener un régimen que nos dejara trabajar como mejor se acomode a nosotros”, concluye.
Para los transportadores de carga por carretera lo que se establezca en la reforma laboral quedará como letra muerta, dadas las singularidades y particularidades del sector.
Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), menciona que en la actualidad, con una jornada de 8 horas para un vehículo que trabaja 24 horas, se obligaría al propietario a tener dos o tres conductores, cosa que no ocurre.
Lo mas grave es que eso no se reconoce en la estructura de costos y, pese a que existe el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC) que fija las tarifas o fletes, este tampoco se cumple pues, según denunció, la figura es distorsionada mediante el manejo de doble contabilidad por parte de algunas empresas.
La CCT, que no fue escuchada en el debate del martes en la Comisión Cuarta del Senado, espera participar en la discusión de la plenaria de esa corporación, donde propondrá que la jornada laboral del conductor sea de 5:00 de la mañana a 7:00 de la noche, “que es la jornada más o menos que todos manejamos”.
Igualmente, aboga por que se fije un régimen especial para pagarles la remuneración a los conductores, dado que este negocio está sujeto a tiempos de espera. “Hay casos de conductores que esperan dos y tres días para cargar o descargar un contenedor. ¿Quién le paga a ese conductor? Entonces, eso requiere ajustes para que el conductor reciba lo justo por su trabajo”.
García insiste en que a los tiempos de espera, que alargan los recorridos, hay que agregarles las necesidades que tiene que cubrir el conductor, la alimentación y el hospedaje, que son factores que nadie los está pagando. “Ahí es que pedimos que se aplique un régimen especial para los conductores, para poder compensar la realidad de lo que estamos viviendo.
La CCT agrupa a por lo menos 30.000 dueños de camiones y conductores, pero el presidente de la agremiación no se atreve a anticipar cuántos se quebrarían o saldrían de circulación por efectos de la reforma laboral.
Otro problema que evidencia García es que, a pesar de que la Ley 336 de 1996 califica al transporte de carga como un servicio esencial público, como los buses o los taxis y por ende se rige por tarifas, “hay industriales y empresarios que no aceptan que se fijen tarifas, con el argumento de que este es un servicio sujeto a la oferta y la demanda”, lo que fomenta la sobreoferta y la informalidad.
De acuerdo con las cuentas de García, el país tiene una capacidad de movilizar 500 millones de toneladas de carga al año, y un censo vehicular de 430.000 camiones, pero solo se transportan 130 millones de toneladas, lo que es prueba de que no hay carga para todo el mundo, pero siguen entrando carros.
Los expendedores de gasolina y diésel, agrupados en la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) también tienen inquietudes por los efectos de la reforma laboral en una actividad que genera unos 50.000 empleos directos.
“Con la reforma laboral y el aumento de los costos por recargos nocturnos y el trabajo suplementario, el riesgo que se corre es que muchas estaciones decidan no contratar más empleados y que se promuevan la automatización de procesos, el autoservicio y que dejen de ser estos negocios una fuente de empleo directa”, señala David Jiménez, presidente de Comce.
“En la intervención que tuvimos en el Congreso lo que buscábamos era que se tuviese en cuenta que muchas estaciones de servicio son micro o pequeñas empresas que venden menos de 3.000 galones al mes”, precisa el dirigente.
Por el aumento de costos laborales, derivado de la reforma, Jiménez señala que el incremento de la mano de obra sería del sector sería de 11%.
El presidente de Comce no se atreve a precisar cuántos de los 50.000 puestos de trabajo podrían perderse, pero resalta que de esos empleos tres de cada 10 son para mujeres, y de esas mujeres dos de cada tres son cabeza de familia.
Además, resalta que el sector ocupa mano de obra joven (unos 6.000) que en muchas ocasiones es el primer empleo de estas personas.
“Finalmente algunos empresarios internalizarán esos costos. Y otros, de las estaciones más pequeñas, difícilmente absorberán ese impacto. En Bogotá, por ejemplo, ya hay estaciones que no trabajan 24 horas”.
De cara al futuro debate de la iniciativa en el Senado, el gremio se declara atento a cómo evolucionará el tema. “Somos muy poco competitivos y la verdad es que el esfuerzo que hacemos es tratar de poner en evidencia desde los gremios y del lado empresarial que las cargas operativas y tributarias, son muy altas. Cuando estas reformas no llegan por consenso y se imponen sin tener en cuenta la realidad económica de las empresas, pues lo que se termina destruyendo no es solamente empleo, sino el capital privado”.
Desde la óptica de Jiménez se reconoce que la jornada nocturna empiece desde las 7:00 de la noche, pero advierte que es viable si tiene una diferenciación de los empresarios, porque algunos pueden pagar ese mayor recargo, pero hay microempresarios a los que las cuentas no les darían.
Sobre los recargos por trabajo dominical y en día festivo, el dirigente detalla que este como ha sido entendido por los jueces laborales termina reconociendo el 2,75% del salario ordinario diario.
“Lo que se propone es pagar tres veces el valor de un salario diario, pero en un sector como este que trabaja 24/7, no diferenciamos si es festivo o dominical, es decir todos los días son iguales. Quisiéramos en la reforma que ese trabajo suplementario no tuviese el trámite de permiso ante las ante las inspecciones de trabajo que es demorado en conseguir”, manifiesta Jiménez.
