Comenzó tránsito en el Senado de la República un proyecto de ley de 24 artículos con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) busca tener más ‘dientes’ para frenar las cada vez más recurrentes prácticas restrictivas de la libre competencia como los carteles empresariales.
La cartelización consiste en aplicar prácticas restrictivas mediante acuerdos ilegales entre varios jugadores de un mismo mercado para fijar precios o repartirse cuotas de mercado.
Ante esos casos, le corresponde a la SIC velar para que los colombianos no paguen más por un producto cuyo precio debe formarse solo por la ley de oferta y demanda.
En ese entendido, el proyecto contempla un sistema en que la SIC pueda imponer sanciones que corresponden a un porcentaje de hasta el 30 por ciento del valor de las ventas anuales del producto o servicio involucrado en la conducta anticompetitiva, o de hasta el 10 por ciento de los ingresos o el patrimonio de la empresa investigada durante el año anterior a la sanción.
“El monto máximo sancionatorio por la comisión de prácticas contra la competencia es de 100 mil salarios mínimos legales mensuales (unos 65 mil millones de pesos), que resulta adecuado y proporcional en muchos casos, pero también muy inferior para carteles empresariales en que los infractores son compañías con altos ingresos operacionales, ventas o patrimonios”, explicó ayer el superintendente Pablo Felipe Robledo, en un comunicado.
La iniciativa de ley también pretende que la SIC tenga facultades penales frente a la cartelización o colusión en procesos de contratación pública, posibilidad que hoy solo tiene la Fiscalía General de la Nación.
Por último, se pretende que el Congreso otorgue a la SIC facultades jurisdiccionales en procesos por la indemnización de perjuicios en acciones individuales o de grupo, derivadas de la comisión de carteles u otros abusos.
