La Superintendencia de Sociedades ordenó a la firma Gestiones Financieras S.A. suspender inmediatamente las actividades de captación de recursos del público, que declaró ilegales.
La medida, sobre la cual la Superintendencia dice que no procede recurso alguno, cobija a las marcas Móviles Financieros SAS, Global Datos Nacionales S.A., Inversiones Saravia y CIA., Isaher SAS, Morrocota Inversiones SAS, Operadores Financieros SAS y Factoring Gestiones Financieras SAS.
También a las personas: Rafael Saravia Hernández, María Clara Ramírez González, Juanita Ramírez González, Juan Fernando Rivera Ramírez, Mauricio Rivera Ramírez, Gonzalo Alberto Mesa Ramírez, Andrés Mesa Ramírez, María Patricia Ramírez González, Ana Belinda Bocanegra Duarte, Juanita Giraldo Duarte, Zamir Rojas Pulido, Gladys Paola Gómez Rivera, Tulia Inés Prieto de Salazar y Carlos Alberto Romero Hernández.
El informe fue hecho por la delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades y advierte que “las actividades investigadas constituyen hechos objetivos y notorios que, a juicio de la entidad, implican la entrega masiva de dineros a personas jurídicas mediante operaciones de captación o recaudo no autorizadas”.
Algunas de las irregularidades señaladas por la entidad de control son las siguientes:
- Los clientes entregaban dinero en forma masiva a cambio de un rendimiento fijo, pagadero mensualmente o para reinvertir, sin que a cambio recibieran títulos valores por todo el dinero invertido.
- Los contratos no tienen relación alguna con la operación efectivamente realizada.
- El pago de rendimientos o la devolución de los capitales no se encuentra ligada a unos títulos valores asignados a cada cliente.
- El portafolio de los clientes de Gestiones Financieras S.A. lo conforman letras y pagarés emitidos por sociedades inactivas desde hace más de diez años, como: Farma Cien S.A., Laboratorios Tecfar SAS, Laboratorios Meg.
- Las letras y pagarés también fueron emitidos por los socios, tanto de Móviles Financieros como de Global Datos Nacionales S.A., lo cual desvirtúa la existencia y legalidad de los títulos que serían el soporte de la operación de la sociedad.
Sobre este tipo de irregularidades se ofició a la Fiscalía General de la Nación, para que la entidad inicie las investigaciones penales correspondientes.
Finalmente, la Superintendencia pidió a todas las alcaldías del país que ordenen a los comandantes de Policía el cierre de los establecimientos o lugares donde las sociedades mencionadas realicen las actividades irregulares.
