A un mes y medio de posesionarse como superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro aseguró que se enfocará en recuperar las cooperativas que se encuentran en procesos sancionatorios o de intervención.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la funcionaria subrayó que la capacidad institucional estará concentrada en prevenir y acompañar a esas sociedades que se constituyen para generar desarrollo colectivo y que se topan con dificultades por falta de conocimiento.
Según los datos que conoció durante el proceso de empalme, indicó que entre las más de 3.500 entidades que vigila esta Superintendencia, 500 están en procesos sancionatorios. Y de ese total, por lo menos el 90% son pequeñas cooperativas con pocos o nulos activos.
Regular desde la diversidad
Navarro afirmó que por su experiencia en el sector, el diagnóstico apunta a que quienes constituyen estas sociedades carecen de los conocimientos adecuados para responderle al supervisor. Pero además, detalló que cuando se hacen visitas de campo, los servidores descubren que esas cooperativas tienen realidades diversas.
“Tenemos un reto y es llegar a los territorios para conocer esa diversidad que tiene el sector y adaptar los modelos a esas realidades, de manera que la supervisión resulte siendo un ejercicio más justo y más efectivo”, comentó.
Mencionó que las jornadas preventivas de supervisión serán un ejercicio que implementará durante su administración. Esto con miras a evitar la apertura de procesos sancionatorios y, en un caso más extremo, la intervención.
“Las entidades quieren cumplir, y el rol de la Superintendencia es darles las herramientas, hacerles la vida más fácil para que cumplan. Si nosotros usamos la capacidad institucional para sancionar cooperativas pequeñas, estamos acabando con el sector solidario”.
“Nuestra labor —agregó— es evitar la sanción, la efectividad de la supervisión no debe medirse en el número de sanciones, sino en la capacidad de evitar una sanción, esa sería una superintendencia efectiva (...) Cuando vamos a la cooperativa que tiene la sanción de dos millones de pesos, encontramos que no tienen conectividad, los responsables bajan cada tres meses al centro poblado o tienen un municipio inundado; hay una cantidad de variables sociales que van más allá del balance financiero que ellos deben reportar”.
Recuperar, no liquidar
Al consultarle cuántos procesos de intervención están activos actualmente, respondió que “hoy podríamos tener 20 procesos, pero la intervención es un proceso largo, no solo consiste en tomar la decisión arbitraria sino que requiere un estudio previo para decidir, a menos que haya un S.O.S., por ejemplo, una entidad usando los recursos de la gente para estafarlos”.
“Quiero que quede un mensaje claro: el enfoque será recuperar cooperativas, no liquidarlas. Queremos que cuando entremos a una intervención sea para administrar la cooperativa y recuperarla, no para terminar vendiendo los activos y liquidarlas”, subrayó la superintendente.
Desde su perspectiva, hay varios ejemplos de sociedades que ameritan un rescate desde el ámbito administrativo. Una de ellas es la Cooperativa Multiactiva Algodonera del Departamento del Cesar (Coalcesar).
“Viene de un proceso muy largo y está en una intervención para liquidación, siendo una cooperativa que tiene centros de acopio, centro de transformación, tiene molinos y unos activos productivos para el sector agrario. Es una cooperativa que tenemos que recuperar”, apuntó.
Al cabo de un año, su meta apunta a que el indicador primario, después de la toma de posesión, sea la cantidad de cooperativas recuperadas, no liquidadas: “Eso es muy importante porque, a veces, entramos casi que a terminar o a irnos rápidamente al proceso de liquidación”.
“Estamos haciendo un proceso de transparencia en la elección de agentes liquidadores, queremos que estos agentes conozcan muy bien cada uno de los sectores, para que no lleguen a liquidar inmediatamente sino que lleguen a administrar, dejar bien la cooperativa y devolverla a los asociados”, puntualizó.
Evitar las estafas
La funcionaria fue enfática en que la capacidad institucional de la Supersolidaria debe estar volcada también a la prevención de las estafas que se materializan abusando del modelo cooperativista.
“Nosotros estamos fortaleciendo un sistema de alertamientos, eso va de la mano con el centro de analítica que estamos montando, hemos puesto todo el empeño con el equipo para tener listo ese centro que nos permita tener alertas. Sobre todo porque nos llegan denuncias de fraudes, de cooperativas de papel que utilizan la confianza que la gente tiene en el modelo solidario para otros fines. Hacia allá debe estar encaminada la capacidad institucional, hacia salvaguardar los ahorros de la gente”, concluyó la superintendente Navarro.
Cooperativas, clave para economía popular
Una de las razones por las que la superintendente Solidaria quiere prevenir sanciones e intervenciones, apunta al papel clave que pueden tener las cooperativas financieras y de ahorro y crédito en los planes que tiene el Gobierno con la economía popular. Una idea que el presidente Gustavo Petro ha recalcado desde su llegada a la Casa de Nariño tiene que ver con el fortalecimiento de esas pequeñas unidades productivas que están en la informalidad y necesitan créditos para superar alguna dificultad o para expandirse. La superintendente resaltó que el modelo solidario está llamado a ser piedra angular en ese propósito y disminuir los préstamos con el llamado ‘gota a gota’.
