Un 30 % de los buses que prestan el servicio de transporte intraurbano en Medellín han apagado sus motores entre 2020 y 2021. Eso corresponde a unos 1.000 vehículos de los 3.226 registrados oficialmente.
Esto porque sus propietarios no encontraron un punto de equilibrio entre el costo operativo y los ingresos, según lo indicó Juan Gonzalo Merino, presidente de Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá (Asotransva).
Por ello pidió que se considere la opción de aprobar subsidios gubernamentales que alivien la situación y permitan prestar el servicio de manera rentable sin transmitir sobrecostos a los usuarios.
Herencia de la pandemia
Merino justificó la petición al enfatizar en que el confinamiento total —vivido entre marzo y septiembre de 2020— les dejó un “hueco” superior a los $760.000 millones en la caja y es un vacío que aún no se ha podido llenar, teniendo en cuenta que el flujo de pasajeros presenta una caída de 38,1% frente a las tasas prepandemia.
A toda esas dificultades, conforme a sus palabras, ahora se suma el encarecimiento de los insumos para poner a rodar los vehículos. “Somos un sector muy sensible a la subida del dólar, sobre todo por el precio de los repuestos y porque los buses con tecnologías limpias llevan un alto componente electrónico importado”, detalló.
En este punto vale la pena recordar que este año el dólar se ha movido entre los $3.800 y $3.900 e incluso llegó a tocar los $4.000. Además, los precios de los productos importados se han elevado por cuenta la crisis logística y portuaria internacional.
Merino explicó que tan solo las llantas han subido el doble en lo corrido del año: “estaban a $550.000 y ahora valen $1.100.000”.
Adicionalmente, según explicó, la canasta de costos operativos también está determinada por los seguros y el combustible. Este último tiene un peso del 32% sobre el total y para este diciembre incrementó $180 por cada galón.
Tarifa real y tarifa técnica
Con todo este preámbulo en mente, Merino explicó que la tarifa real cobrada al pasajero actualmente ($2.400), difiere de la tarifa técnica; que se define con base en la Resolución 4350 de 1993, emitida por el Ministerio de Transporte.
“Esa es la que nos da los parámetros para estructurar el valor del pasaje. Ahí se habla de los kilómetros recorridos en las rutas, del Índice de Pasajero por Kilómetro (IPK), capacidad total de la ruta, combustible y manutención”, apuntó.
“Unos estudios rigurosos que se habían hecho —agregó— ubicaban esa tarifa técnica durante la época de cuarentena total en cerca de $5.046 y hoy venimos haciéndole un estudio a esa misma tarifa, que ya está por el orden de $3.300”.
Sin embargo, reconoció que un incremento de esa proporción no es viable y con el aumento histórico anual de $100 en los pasajes, de acuerdo con sus cálculos, el hueco para los propietarios no se llenará antes de cinco años y, mientras tanto, están en juego los empleos de 2.600 conductores.
Piden auxilio
“El artículo 98 del Plan Nacional de Desarrollo cita que los transportadores urbanos hacemos parte de un sistema y los gobiernos tienen competencia para realizar los análisis pertinentes y luego dar equilibrio económico a ese sistema”, argumentó el presidente de Asotransva.
No obstante, la ley que invocó dicta puntualmente que “los sistemas de transporte colectivo y masivo deben ser sostenibles (...) para ello las tarifas que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, y reposición de los equipos”.
“En ningún caso —puntualiza el artículo— el Gobierno nacional podrá realizar transferencias para cubrir los costos de operación, administración y mantenimiento”.
En línea con ello, un conocedor del tema, quien solicitó no divulgar su nombre, explicó que un subsidio para los transportadores colectivos requeriría un trámite legislativo en el Congreso, tal como en su momento se hizo con las transferencias a población vulnerable.
EL COLOMBIANO consultó a la Secretaría de Movilidad de Medellín si, desde el punto de vista legal, el despacho podría entrar a otorgar ese auxilio monetario, pero explicaron que “no se tiene legislación que lo permita”.
Llamado de atención
Fernando Rojas, experto y consultor en temas de movilidad, corroboró que un subsidio a los transportadores tendría que discutirse en el Congreso. Y, tal como lo subrayó, “el transporte pasa por un momento crítico”.
En este sentido, hizo hincapié en que “el modelo de financiación del transporte público vía tarifa de usuarios fracasó. Los costos de prestar el servicio vienen encareciendo el valor del pasaje, lo que aleja a los usuarios”.
“Si el gobierno nacional no toma cartas en el asunto, la salida de los buses urbanos afectará a personas de diferentes sectores, principalmente a los más vulnerables. Los sistemas masivos no serán suficientes para cubrir los desplazamientos diarios”, puntualizó
30%
de buses en Medellín han cesado operación por falta de rentabilidad.
