La propuesta del Gobierno para construir un tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla con el ahorro de los pensionados puso de nuevo sobre la mesa su viabilidad.
Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el desarrollo de la megaobra es imposible a nivel técnico, ambiental y financiero.
Según el gremio, además de no haber estudios serios de carga que justifiquen la iniciativa, esta también afectará zonas del Darién y del Chocó que poseen reservas naturales, cuerpos de agua y territorios de comunidades afrodescencientes e indígenas.
Al respecto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reconoció que por el Acuerdo de Escazú la obra estaría en riesgo.
“Para que el proyecto se lleve a cabo debería haber una concertación social, regional y nacional de sus beneficios. Pero, ¿pasaría un trayecto (del tren) por donde hay comunidades étnicas?”, advirtió la funcionaria.
Otro tema que frenaría la propuesta tiene que ver con su estructuración financiera. Cálculos de la CCI estiman que el proyecto costaría entre $650 billones y $700 billones, por lo que ni el sector privado, ni el público, ni los bancos asumirían el riesgo.
Cabe recordar que los fondos privados de pensiones mueven el ahorro en varias inversiones.
De acuerdo con Asofondos, de cada $100 de los ahorradores, $30 se van en títulos de deuda pública y $30 en acciones de empresas del mundo (Microsoft, Tesla, Meta, Alphabet, entre otras).
Así mismo, $20 se van en fondos de capital privado, principalmente en el exterior, $10 en inversiones que incluyen préstamos a gobiernos extranjeros y empresas, CDTs, etc., y $10 en renta variable local como son acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y en fondos de capital privado que invierten en desarrollos de infraestructura e iniciativas inmobiliarias en el territorio nacional .
