Las bondades del ahorro por la vía de las pensiones voluntarias en Colombia podrían llegar a su fin, de aprobarse el texto original de la reforma tributaria radicado por el Gobierno en el Congreso, advirtió ayer Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos).
En diálogo con este diario, destacó que en la actualidad unos 563.242 colombianos tienen ahorrados 13,86 billones de pesos bajo ese esquema y en las entidades afiliadas a ese gremio (Colfondos, Porvenir, Protección y Old Mutual).
“Como está, el actual proyecto de reforma tributaria va a marchitar ese instrumento de ahorro, porque no quedará espacio para ahorrar. En esencia, solo habrá un 10 % del salario que el empleado podrá destinar a ese tipo de ahorros, y quien tenga medicina prepagada o una AFC no tendrá para ahorrar en otra cosa”, argumentó el dirigente.
También comentó que se intentará dialogar con el Gobierno, en procura de ampliar ese cupo y que la gente pueda ahorrar.
Finalmente, resaltó que “la reforma apuesta por un Estatuto Tributario más predecible y apunta a evitar que se estén dando reformas cada 18 o 20 meses, como viene sucediendo. Esto es bueno para economía, para el sector productivo, y, por ende, para los fondos de pensiones y cesantías”.
En la misma línea de Montenegro se pronunció Santiago García Martínez, presidente de Old Mutual Colombia. Enfatizó en que una de las preocupaciones con la actual propuesta de reforma es que se desincentive el ahorro voluntario.
“Una persona que se gane siete millones de pesos mensualmente, con supuestos básicos, podría estar aportando al año 19 millones de pesos con beneficio tributario. Con lo que plantea la reforma, esos 19 millones se podrían bajar a 7,5 millones de pesos, porque se están disminuyendo las posibilidades de exención y reducción que tienen los afiliados. Esto puede desmotivar el ahorro voluntario a futuro”, anotó.
Pero, además de lo que manejan los afiliados a Asofondos, las cifras de la Superintendencia Financiera señalan que hay otros 193.204 colombianos que hacen aportes a pensiones voluntarias, por valor de 1,77 billones de pesos, a través de otros fondos administrados por Colseguros, Multiacción, Fidudavivienda, Fidupopular y Fidualianza, entre otras entidades.
La vista aseguradora
Desde la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), su presidente Jorge Humberto Botero, afirmó que la iniciativa incorpora diversos elementos que le dan carácter
de estructural.
“La reforma provee los recursos que compensan en buena parte la desaparición de la renta petrolera, que en 2013 representó el 3,3 % del producto interno bruto (PIB) y el 19,7 % de los ingresos del Gobierno Nacional Central. Por esto es entendible que uno de sus propósitos apueste por alejar los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas”, indicó.
En ese sentido, y coincidiendo con lo expuesto por Asofondos, Botero planteó que una de las esperanzas del sector privado con la aprobación de una reforma estructural es superar, de una vez por todas, el recurrente trámite de reformas fiscalistas que han hecho muy complejo Estatuto Tributario.
“Por eso será de gran importancia que todos los actores de la sociedad participen como veedores durante el trámite de la reforma, con el fin de velar porque los aspectos estructurales realmente queden incorporados. Esto es la garantía de que se superará el mencionado problema de recurrencia, con todos los efectos de distorsión que eso implica”, agregó Botero.
El control
Otro acierto que Fasecolda observó en la propuesta es que se cree una Comisión de Estudio del Gasto Público y la Inversión (Artículo 310 del proyecto de ley de reforma tributaria).
“Esa Comisión abordará un amplio espectro de temas que incluyen la revisión de los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica y efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto”, resaltó su presidente.
A su juicio, será importante que esa tarea dé un lugar preponderante a los criterios de transparencia en la asignación tanto de los gastos directos del Gobierno, como de los recursos que la Nación canaliza en proyectos de interés regional.
“En esta última materia, el monto de recursos bordea los 50 billones de pesos, lo que hace necesario el establecimiento de unos criterios claros de asignación, para que efectivamente se conviertan en un instrumento que cierre las brechas de desarrollo que existen entre las diferentes regiones.
