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En Colombia no puede haber muertes de primera y de segunda categoría. A la fecha, pocas organizaciones defensoras de derechos humanos han salido a reprochar los asesinatos de policías. Tanto duelen los muertos de hijos de campesinos como los miembros de la Policía Nacional. Una sociedad que reconoce que la vida es sagrada no se puede permitir estos silencios y esta profunda indiferencia frente a estos actos de horror y de barbarie. A su vez, el gran causante de estas muertes es un grupo ilegal que supuestamente propone negociar con el gobierno que llega al Palacio de Nariño. Un Estado serio no puede ceder ante amenazas de esta naturaleza.
Sobre el silencio. Los más de treinta policías que han muerto eran colombianos que dedicaron una parte importante de su vida a protegernos. Eran padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas. Sus familias hoy necesitan consuelo, necesitan entender que sus seres queridos no perdieron la vida por una causa vacía. No hay palabras que mitiguen esta tragedia, pero Colombia y sus organizaciones defensoras de derechos humanos tenemos que gritar: ¡No más! ¡Ni un solo policía muerto más!
Sobre la negociación. El denominado “clan del Golfo” ha mandado dos mensajes al país en las últimas semanas. Primero, propuso una negociación en la que exigía un tratamiento benévolo a cambio de una supuesta voluntad de ceder en sus negocios criminales. Segundo, amenazó al Estado de derecho declarando una guerra frontal contra colombianos que han dedicado su vida al servicio público, en una profesión en la cual ponen en riesgo su vida constantemente.
Frente al deseo del nuevo gobierno de adelantar procesos de negociación con estructuras criminales, valdría la pena preguntarnos si esta estructura podría ser destinataria de tal tipo de beneficios. Esta organización tiene un amplio historial de falsas promesas y argumentos para lograr beneficios con el Estado. Un ejemplo claro es su intención de llamarse “autodefensas gaitanistas”, presentándose como un grupo irregular contrainsurgente. Su negocio son las drogas, la minería ilegal y la extorsión en gran parte del país. Otro ejemplo es el uso recurrente del “plan pistola”, asesinar vilmente a policías como herramienta de chantaje.
Frente a las supuestas ofertas de negociación, la respuesta de un Estado serio y capaz debe ser no. No se negocia con quien vilmente asesina a quienes nos defienden.
Llega el nuevo gobierno con grandes retos. Esta primera prueba nos dirá a qué altura están sus capacidades de enfrentar los asuntos de seguridad y su determinación para defender nuestras instituciones.
En estos momentos de dolor e incertidumbre, los colombianos estamos llamados a abrazar a nuestra Policía, a acompañarla y a protegerla. Nada más efectivo en materia de seguridad que una comunidad solidaria, atenta y activa en la denuncia
