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Parece que no son solo los escritores neutros los que gustan al gobierno nacional, el pensamiento expresado en voz alta de los actores y otros agentes culturales incomoda, quizás por eso el último invitado a reactivarse por parte del Estado es el sector cultural, lleno de necesidades, pero a la espera de escucha. Olvidan que el arte es resiliencia.
De forma literal y velada la pandemia asfixió, o está haciéndolo, a las instituciones culturales: público y artistas necesitan respirar, pero el Estado se niega a suministrarles el oxígeno que necesitan. Existen maneras de hacerlo: a través de apoyos, convocatorias, estímulos y rebajas de impuestos o disminución de tasas absurdas (por ejemplo, sayco-acimpro, hacienda, etc.) o a través del aumento del aforo permitido en los teatros.
Bien lo dijo hace un año Daniela Bosé, directora del Palacio Vistalegre en Madrid: “podemos reformular los contratos y hacer las cargas más llevaderas, pero lo que te da la vida es la gente [...] sin apoyos externos los conciertos sólo pueden realizarse a pérdida, los aforos reducidos son inviables”. Con los aforos actuales la recuperación vía venta de boletería es imposible.
Decía el jueves el editorial de El Espectador: “Un aforo del 50 % no es suficiente ni siquiera para equilibrar costos con ingresos. El 75 %, muchos lo han dicho, tampoco les garantiza supervivencia [...] los colombianos no están yendo a teatro, a cine o a espacios de encuentro. Entonces la crisis económica sigue asfixiando a las organizaciones culturales más vulnerables. Por eso, es momento de permitir que abran hasta un 100 % sus espacios, con todas las precauciones sanitarias”.
Hace un semana la senadora Angélica Lozano del Partido Verde dirigió una comunicación al ministro de salud Fernando Ruiz, en la que le manifiesta la grave situación por la que atraviesa el sector. La petición busca modificar la resolución 777 del 2 de junio, que establece que el aforo de un establecimiento es permitido según los porcentajes de cobertura de vacunación de la población y el índice de resiliencia epidemiológica municipal (Irem). Además de la senadora Lozano, firmaban Mauricio Toro, Antonio Sanguino y Catalina Ortiz del Partido Verde, Esperanza Andrade del Partido Conservador y José Daniel López de Cambio Radical. Decía la nota: “la mayoría de los equipamientos no han logrado programar sus espacios y ofrecer sus servicios a la ciudadanía en condiciones que permitan por lo menos llegar a un punto de equilibrio económico”.
Garantizar un orden estricto en los ingresos, la permanencia y la salida de los asistentes al evento o el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad es un protocolo de fácil cumplimiento por parte de los teatros. Si esto es cierto, por qué entonces el Gobierno no permite aún tener aforos más amplios que hagan económicamente viable la programación de estos lugares.
Resulta aún incierto determinar cuántos empleos se han perdido en el sector cultural. El gobierno está en mora de construir políticas públicas que de verdad favorezcan a los artistas y al sector y que vayan más allá del discurso vano. Ojalá cuando se enciendan las luces de la escena quede aún alguien que ante tanta crueldad nos haga reflexionar y entender la vida
