Por Luis Fernando Álvarez J.
Con la caída de las monarquías absolutas en Europa, se operó un fenómeno importantísimo: El surgimiento del Estado de Derecho, caracterizado por la sujeción de gobernantes y gobernados al imperio de la Ley. El concepto evolucionó posteriormente hacia el denominado Estado Social de Derecho, identificado por la sujeción a las normas con la finalidad de defender y reconocer los derechos fundamentales de las personas.
El Estado de Derecho se desarrolla a través de la democracia representativa, que se identifica porque, de acuerdo con las pertinentes disposiciones constitucionales y legales, los ciudadanos participan en las decisiones de poder, a través de sus representantes elegidos, inicialmente mediante el voto restringido, actualmente a través del voto universal.
La democracia se fortalece mediante el retorno a formas directas de participación ciudadana, como el referendo, el plebiscito, la consulta, la iniciativa ciudadana, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto, que permiten la intervención directa del ciudadano del común, en las decisiones políticas de interés para la comunidad.
Curiosamente las formas directas de participación ciudadana no siempre han servido para afianzar el Estado de Derecho, pues el respeto por el ordenamiento jurídico y la necesidad de incentivar las formas universales de expresión ciudadana, requieren de una formación cultural especial, no siempre al alcance de todos los pueblos. La grandeza de la democracia como sustento del Estado de Derecho va disminuyendo a medida que se desciende en la geopolítica. Es indudable que en sistemas políticos estables como Suiza, Suecia, Noruega, las participación universal enaltece y fortalece la democracia.
Lamentablemente, la mutua correspondencia entre Estado de Derecho y democracia, disminuye a medida que se desciende en la geografía. Con algunos lunares, el sistema inglés maneja el equilibrio, especialmente a través de la participación ciudadana en los gobiernos locales. En Estados Unidos, Francia, España e Italia, puede afirmarse que, en términos generales, también se armoniza la participación ciudadana con el respeto por las instituciones que hacen parte de la estructura del Estado de Derecho.
Pero el equilibrio comienza a romperse a medida que nos desplazamos hacia el sur, donde encontramos líderes que desconocen el derecho ciudadano a la oposición pacífica en todas sus formas, retornando a épocas donde el derecho lo representa, no el esquema lógico de la norma, sino la persona del gobernante, como parece ocurrir, por ejemplo, en Venezuela y Nicaragua.
También puede suceder que el derecho a la participación ciudadana se adelante por fuera de las reglas propias del Estado de Derecho, tanto por el desprecio hacia las instituciones, como por la debilidad de éstas.
Ambas situaciones son nefastas para el Estado de Derecho. Es tan grave encontrar gobernantes que utilizan la institucionalidad para desconocer el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, como que grupos de ciudadanos expresen sus ideas políticas, abusando de su derecho a la participación, desconociendo las institucio nes y los derechos de los demás. Cuando ello ocurre, la sociedad se encuentra al borde de sufrir la quiebra del Estado de Derecho