Pico y Placa Medellín
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Hace 15 años le escuché esta frase a Sergio Fajardo: “como se hace campaña, se gobierna”. Hoy cobra más importancia que nunca. Porque si la campaña es la puerta de entrada al poder, el tipo de alianzas, la forma de financiarse y las líneas éticas que se cruzan para ganar terminan reflejándose, paso a paso, en la manera de gobernar.
Colombia, en 2022, presenció una campaña que, además del entusiasmo legítimo de sus seguidores, estuvo marcada por señales de alerta que no podemos normalizar. El llamado “Pacto de La Picota” no fue un invento de redes sociales: hubo visitas a cárceles, un discurso de “perdón social” y hasta el reconocimiento del propio Juan Fernando Petro sobre el impacto electoral de los votos promovidos desde prisiones. La percepción que quedó fue la de un trueque: votos para Petro a cambio de beneficios judiciales.
Diversos reportes señalaron que, tras la campaña, algunos de esos compromisos se habrían materializado en figuras como los llamados gestores de paz, con beneficios de movilidad, esquemas de protección, levantamiento de órdenes de captura e incluso traslados a centros de reclusión para que permanecieran juntos, como ocurre en la cárcel de Itagüí. Tales decisiones han sido cuestionadas porque, en la práctica, coincidieron con el fortalecimiento de estructuras criminales que hoy han llegado a desafiar y sobrepasar al Estado con capacidad militar. Basta recordar lo ocurrido en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue derribado con drones cargados de explosivos, dejando 13 víctimas fatales. Para muchos, este hecho refleja el costo de haber otorgado margen de maniobra a quienes antes estaban limitados por la justicia y perseguidos por las fuerzas militares.
Pero la campaña de Petro no solo estuvo atravesada por pactos con bandidos. También se tejieron alianzas con políticos tradicionales que terminaron en escándalos de corrupción: expresidentes del Congreso terminaron en la cárcel tras haber recibido coimas y varios ministros fueron investigados o enfrentaron circulares rojas de Interpol. En campaña hay que saberse rodear, conformar equipos sólidos y no improvisar. Ese error se replicó en el Gobierno: más de 57 cambios ministeriales en menos de tres años, una rotación sin precedentes que refleja el mismo desorden que se vivió en campaña y que explica por qué las cosas no avanzan. Un gobierno inepto y carente de liderazgo, desde un presidente que nunca logró consolidar una estabilidad ministerial.
A eso súmese el tema financiero. El CNE advirtió irregularidades en ingresos y gastos de campaña que podrían superar los 5.000 millones de pesos, entre aportes omitidos y gastos no reportados en las dos vueltas presidenciales. Aunque el expediente contra el Presidente fue suspendido por razones de fuero, los procesos contra otros responsables siguen en curso y ya se han planteado sanciones, incluso el propio hijo engañó a su padre y a los que intentaron meter recursos a la campaña de Petro Presidente.
La campaña también estuvo acompañada —según denuncias— de excesos: fiestas, consumo de licor, drogas, mujeres y comportamientos cuestionables. Para muchos críticos, ese mismo estilo se proyectó en el Gobierno: agendas incumplidas, un Presidente que en ocasiones se queda dormido para actos oficiales, se pierde días enteros y pronuncia discursos incoherentes. A ello se suma un relato permanente de delirio de persecución con supuestos golpes blandos, atentados o conspiraciones internacionales.
Y los efectos políticos se sintieron en lo local. El episodio conocido como el “tarimazo” en Medellín —con jefes criminales convertidos en protagonistas de un acto público— fue la confirmación de lo que ya se había visto en campaña: Petro hizo campaña con los bandidos en las cárceles y terminó gobernando para los bandidos. No solo los legitimó, también los exhibió como si fueran héroes, dándoles tarima, micrófono y reconocimiento, en una afrenta directa a las víctimas y a la institucionalidad.
La advertencia es clara: lo que pasó en la campaña de 2022 no puede convertirse en el libreto de 2026. El que amarra su poder con favores, termina gobernando para sus acreedores.
La democracia necesita campañas decentes para que lleguen a gobernar personas decentes. Quien paga para llegar, no llega a servir: Llega a robarle a la justicia, a las víctimas, al erario y a la confianza ciudadana. Y cuando la confianza se rompe, se frena el desarrollo y el crimen ocupa el vacío. Ese círculo vicioso debemos cortarlo en 2026 si queremos un país viable.
Este mensaje va para todos los candidatos presidenciales: cuidado con las alianzas, las reuniones, los recursos que aceptan y las promesas que hacen. Porque, al final, como se hace campaña, se gobierna. Y Colombia no aguanta otra campaña que sea, en el fondo, el borrador de un mal gobierno que corra la línea ética en campaña y, por ende, en el poder.
¡En política no todo vale!
