Pico y Placa Medellín
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Medellín se niega a ser laboratorio de la impunidad. Lo ocurrido en la cárcel de Itagüí es la radiografía de una «Paz Total» que claudica ante el crimen. Fue una celebración grotesca de los victimarios, financiada por las rentas de la extorsión y erigida sobre el silencio y el dolor de las víctimas que aún esperan justicia.
A la senadora Isabel Zuleta, promotora de este despropósito, el tiro le salió por la culata. Pretendieron, mediante la Resolución 0072 de la Fiscalía, otorgar un aire de libertad a 23 cabecillas que acumulan más de 362 años de condenas. El plan era que responsables de desplazar familias en nuestras comunas caminaran por las calles bajo el rótulo de voceros. Sin embargo, la presión ciudadana y nuestra ofensiva jurídica los obligaron a recular.
Mientras familias víctimas de la ciudad trabajan para llegar a fin de mes, en el Patio 1 se organizaba una «vaca» de $500 millones para contratar a un reconocido artista vallenato. Una parranda con licor, presuntamente autorizada por «órdenes de arriba», según funcionarios del Inpec. ¿Qué celebraban? El engaño a la institucionalidad.
Celebraban que el Gobierno intentó disfrazar a criminales como figuras políticas. Es indignante que mientras en Medellín perseguimos el delito, el Gobierno les facilite tarimas. Lo vimos en La Alpujarra, desafiando a la ciudad frente a su Alcaldía, y lo vemos ahora con conciertos privados en las celdas. La Fiscal afirmó que no se imaginaba que la solicitud de suspensión de capturas incluía a condenados y cayó en el cuento. Pero el comisionado de paz sabía a quiénes beneficiaba. No fue un error; fue una decisión política para empoderar a estructuras que controlan más del 45% del crimen organizado.
Alias Douglas (La Terraza), condenado por secuestro extorsivo; Carlos Pesebre (Robledo), responsable de homicidios agravados; o Chaparro (La Milagrosa), no son gestores de paz. Son actores que han convertido la mesa de diálogo en escudo para sus economías ilícitas. Una de estas redes genera rentas de $5.000 millones al mes mientras explota sexualmente a niños en el parque Lleras.
El «Pacto de La Picota 2.0» no pasará en Antioquia. 40% de criminales en los que este Gobierno confió volvió a delinquir. Darles beneficios no es buscar paz; es claudicar. Por eso radicamos en el Consejo de Estado demanda de nulidad contra esa resolución ilegal y nuestro alcalde presentó al Congreso un proyecto de ley para que ningún cabecilla criminal pueda recibir beneficios administrativos sobre sentencias judiciales en firme.
La Mesa de Paz Urbana está suspendida porque el descaro fue tal que no pudieron sostenerla. La paz no se construye con parrandas vallenatas en cárceles de máxima seguridad; se construye con justicia, reparación real y autoridad del Estado que no se arrodilla. El país debe entender que esta «Paz Total» es una estrategia de validación política que busca canjear impunidad por lealtades. Resulta imposible no ver tras de sí la sombra de las agendas de Petro y Cepeda, en modelo donde el victimario es el centro de la narrativa.
Al suspender capturas y permitir festines en los centros de reclusión, no buscan la reconciliación de Colombia; construyen un andamiaje de favores para consolidar un poder que les ha dado la espalda a las instituciones y a la fuerza pública. La generosidad del Gobierno con el crimen no es gratuita; es un mensaje a las bases criminales de cara a las próximas contiendas electorales, pretendiendo que el control territorial de las bandas se traduzca en control político en las urnas.
El Pacto de La Picota muta a una política de Estado que se ensaña contra Medellín y Antioquia. Cada beneficio a Douglas, Tom o Pesebre es un clavo en el ataúd de la justicia y una bofetada a las víctimas. En las elecciones, Colombia tendrá que decidir si premia a quienes arrodillaron al Estado frente a bandidos o recupera la autoridad y orden.
