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Cuba atraviesa hoy la crisis económica más severa desde el “Período Especial” que siguió al colapso soviético a comienzos de los años noventa. Escasez crónica de alimentos, apagones recurrentes, deterioro acelerado de la infraestructura, caída de la producción y una emigración masiva describen un cuadro que ya dejó de ser coyuntural para convertirse en estructural. Algunos analistas aseguran que el PIB de la isla se dividió entre 5 entre 2020 y 2024.
Ante esta realidad, China ha procurado mantener un respaldo político a La Habana. Entre ayudas puntuales y declaraciones diplomáticas, Pekín ha condenado las sanc iones estadounidenses y ha insistido en la necesidad de poner fin a las medidas coercitivas impuestas a la isla. Hace pocos días Lin Jian, vocero del Ministerio de Exteriores de la gran potencia ha reafirmado el sostén de su país haciendo referencia a “las acciones inhumanas que privan al Cuba de su derecho a la subsistencia y al desarrollo” y ha reclamado a Washington el fin del uso de la fuerza y de las medidas coercitivas impuestas por Trump, particularmente al bloqueo petrolero.
Sin embargo, detrás de esas manifestaciones de solidaridad emerge una realidad mucho menos generosa: China nunca ha demostrado disposición a asumir costos significativos en torno a Cuba y ello resulta particularmente llamativo.
Durante décadas Cuba hizo prácticamente todo cuanto estaba a su alcance para estrechar su vínculo con la nueva potencia asiática. Fue el primer país latinoamericano en reconocer diplomáticamente a la República Popular China y establecer relaciones formales con Pekín. Además, desde el triunfo de la Revolución, Fidel Castro sostuvo una defensa persistente del ingreso chino a Naciones Unidas, un objetivo que Pekín alcanzaría en 1971.
La Habana apostó tempranamente por China, incluso cuando hacerlo implicaba costos políticos y tensiones con Washington. A lo largo de décadas, la dirigencia cubana consideró que aquella relación podía transformarse eventualmente en una asociación estratégica privilegiada. Pero los hechos cuentan una historia distinta.
La relación entre ambos países ha estado marcada por una asimetría evidente. Mientras Cuba otorgó respaldo político, afinidad ideológica y acceso estratégico, China respondió fundamentalmente bajo una lógica de cálculo nacional.
Desde 2018 la isla pasó voluntariamente a formar parte de la Iniciativa de la Nuevz Ruta de la Seda, el gran proyecto geoeconómico chino que ha transformado infraestructura, puertos, redes ferroviarias y corredores comerciales en distintas regiones del mundo. Sin embargo, los resultados visibles en Cuba han sido modestos si se comparan con la intensidad y la escala de la presencia china en otras naciones latinoamericanas.
Ni siquiera en el área energética, una de las debilidades históricas más graves de Cuba, la capacidad tecnológica y financiera china ha llegado con la magnitud necesaria para estabilizar un sistema eléctrico que hoy opera bajo enormes limitaciones.
Tampoco en el terreno financiero la respuesta china ha sido decisiva. Las restricciones derivadas de las sanciones estadounidenses y los riesgos asociados a operar con la isla han reducido significativamente la disposición de bancos y entidades a ampliar su exposición.
Lo cierto es que China actúa donde identifica intereses estratégicos mayores, retornos económicos claros o ventajas geopolíticas relevantes. Cuba no ocupa un lugar prioritario dentro de esa ecuación.
La conclusión puede resultar incómoda para La Habana: durante décadas apostó a una relación política privilegiada con Pekín, pero en la hora más difícil ha descubierto que las afinidades ideológicas pesan menos que los intereses nacionales. El apoyo moral tiene valor simbólico. Pero las declaraciones políticas no iluminan ciudades, no estabilizan redes eléctricas y tampoco llenan los anaqueles vacíos de una economía y una población al borde del agotamiento.
