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No hay duda de que uno de los esfuerzos realizados por el Gobierno Petro ha sido adjudicar y entregar tierras a campesinos con base en el Fondo de Tierras creado con el Acuerdo de La Habana y en algunos casos con compra o expropiación y acudiendo a otros mecanismos como las incautaciones que administra la SAE (Sociedad de Activos Especiales); esto considero es una tarea importante de las ministras de Agricultura de este Gobierno y algo que hay que reconocerle como positivo a la gestión del actual Gobierno.
Sin embargo, quiero centrar este análisis en resaltar que si bien es muy importante la entrega de tierra a los campesinos que la demandan, es algo insuficiente si no va a acompañado de lo que comúnmente se conoce como un programa o estrategia de desarrollo rural que implica, además de la tierra, crédito para la producción, asistencia técnica -si es necesaria-, capacitación y algo muy importante comercialización de la producción, donde casi siempre se sitúa el cuello de botella para el campesino poder hacer realidad la rentabilidad de su trabajo. Porque como sabemos, normalmente hay una estructura de intermediación que termina apropiándose de la mayor parte de los beneficios del precio final de venta. Por ello es fundamental, primero, que en lo posible los campesinos se encuentren organizados -en cooperativas o asociaciones de productores-, de tal manera que puedan, con asesoría del Estado, diseñar estrategias de estudios de mercado y de negociación agregada de su producción, segundo, igualmente y dependiendo del tipo de producto, acudir a estrategias de almacenamiento o manejo de postcosecha y eventualmente pequeños procesos de agro industrialización; tercero, todo lo anterior acompañado de un buen sistema de información de mercados y precios. Sobre todo, lo mencionado hay experiencia importante acumulada, aunque mucho de ello fue lo que se ‘desechó’ y se tiró a la basura con el desmantelamiento de la institucionalidad estatal agropecuaria a finales del Siglo anterior y comienzos del actual.
Pero en esencia lo que quiero destacar es que considerando como muy positivo la asignación y entrega de tierras a los campesinos, esto puede ser sólo parte de la respuesta y ojalá no vaya a producir el efecto perverso que conocimos quienes nos ocupamos de estudiar el sector agropecuario, con las tierras asignadas durante la reforma agraria de los años 60s y la acción del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), que en muchos casos y regiones llevó a que los campesinos que recibieron la tierra, ante la terminación del apoyo estatal en los otros componentes del desarrollo rural, terminaron en pocos años vendiendo la tierra, en ocasiones a los mismos terratenientes que antes las poseían, con la evidente frustración que esto conllevó. Esperemos esto no vaya a ocurrir, en especial con el cambio de gobierno que tendremos el 2026.
Estoy esperanzado que la larga y valerosa lucha del campesinado colombiano a lo largo de la historia por la tierra, por el desarrollo rural y por su reconocimiento como actor social autónomo, permita que igualmente puedan lograr que independiente del gobierno que siga al actual, las políticas de apoyo al campesinado sigan siendo parte de la centralidad estatal.
