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La semana que termina conocimos la decisión del gobierno Trump de USA de descertificar a Colombia por lo que ellos consideran una colaboración no adecuada o insuficiente en la lucha antidrogas; en el caso Latinoamericano una decisión similar se le dio a Venezuela y Bolivia.
Primero, debemos decir, como ya lo hemos dicho en el pasado, que este es un procedimiento arbitrario, unilateral y expresión de lo que podríamos denominar actitudes abusadoras —por no llamarlas imperialistas— de un país, que nadie le dio esta facultad, pero que lo viene haciendo en su condición de potencia global desde que la política antidrogas dejó de ser considerada por los norteamericanos como un tema de salud pública y pasaron a considerarla como un tema de la agenda de seguridad nacional. Si se quisiera seriamente tener un mecanismo de seguimiento a la política antidrogas de los distintos países se debería crear un mecanismo técnico, con indicadores precisos para evaluar dicha política desde la fase de cultivos de uso ilícito, pasando por el procesamiento, el transporte, la distribución y el consumo. Pero realmente lo que buscan los norteamericanos es ‘sancionar’ a aquellos países que ellos consideran que no tienen una política consistente con la suya y a los que tienen orientaciones políticas diferentes. Esto no significa que no haya ciertos indicadores objetivos que ellos invocan, área de cultivos de uso ilícito sembradas, políticas internas de erradicación —erradicación forzosa, incluida fumigación o voluntaria—, políticas de interdicción, utilización de mecanismos de cooperación judicial como la extradición, niveles de consumo, etc.
Segundo, un problema central que ha tenido Colombia es la falta de una política antidrogas consistente en el mediano y largo plazo, porque esto envía un mensaje confuso, por decir lo menos, a la sociedad y a los involucrados. Problemas centrales como los siguientes son derivados de allí: ¿los cultivos de uso ilícito son ilegales en el país o no? —Colombia hoy día es el país con mayor área de hectáreas sembradas de coca, 253.000 hectáreas, por encima del 67% del total global— ¿la erradicación de dichos cultivos, de manera voluntaria o forzada, es una política permanente del Estado? En esto debemos decir que el actual gobierno, pero también el anterior, no asumieron con seriedad lo que era una responsabilidad derivada del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP y solamente cuando se tiende a volver crítica la situación se hacen algunos ‘amagues’ de erradicación, pero no responden a una política seria. Sí hubo un esfuerzo de la Fuerza Pública de incrementar la interdicción y la destrucción de laboratorios, sin afectar a los productores campesino.
Surgen otras preguntas: ¿el mensaje para los campesinos fue claro de que estaba legalmente prohibida la siembra de cultivos de uso ilícito? ¿Hubo intentos serios de sustitución de cultivos de uso ilícito y acompañados de la infraestructura de producción y comercialización necesarios? ¿El Estado hizo esfuerzos serios de hacer presencia permanente en dichos territorios donde este tipo de cultivos se siembran o más bien se trata de zonas o territorios ‘sin dios ni ley’ como decían nuestros abuelos?
Esto es parte del desafío que tiene por delante el próximo gobierno que elijamos en 2026.
