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Si bien el tema de la violencia, tanto la relacionada con prácticas asociadas al conflicto interno armado, así como la derivada de fenómenos de criminalidad organizada y también la relacionada con la vida cotidiana, sigue en la preocupación general, la Paz sigue siendo y lo seguirá en el gobierno que se elija en 2026, prioritaria para garantizarle a los colombianos que puedan vivir en un país donde se tolere la diversidad de opiniones, puntos de vista e intereses y se respeten los derechos de todos —no solo de las transitorias mayorías—. Todo lo anterior como uno de los presupuestos de la democracia. Pero en el período que se inicia, la prioridad debe ser la Paz Electoral, como en buena hora algunos medios de comunicación y altos funcionarios del Estado, como el Procurador General de la Nación, lo han colocado, en la agenda pública nacional.
Porque la democracia requiere no solo que exista un calendario electoral que se respete y no se manosee a gusto de algunos protagonistas —consultas de los partidos o movimientos políticos que se hayan inscrito y cumplan los requisitos de ley, elecciones de Congreso, primera y segunda vuelta de elecciones presidenciales—, sino que existan condiciones de seguridad para hacer el proselitismo político —que ni a los candidatos, ni a los electores los maten o los agredan por tener determinadas preferencias u orientaciones políticas— y de poder dar a conocer, los candidatos y sus campañas las propuestas de los distintos participantes a los ciudadanos y que se combatan fenómenos como la ‘compra’ de votos, la manipulación de los funcionarios públicos o privados y contratistas para que depositen su voto por este o aquel candidato —es fundamental recordar que un presupuesto de la democracia es garantizarle a cada votante que pueda depositar su voto por el candidato que él considere es el de su preferencia—. Pero igualmente, garantías que, en el conteo de los votos y su agregación, no se vayan a utilizar ningún tipo de manejo inadecuado o ilegal para distorsionar la voluntad de los votantes.
Todo esto requiere, además de la presencia de instituciones del Estado, como la Fuerza Pública —Fuerzas Armadas y Policía Nacional— que actúen imparcialmente y garantizándole a todos los participantes sus derechos, e instituciones como la Registraduría Nacional y la Procuraduría General de la Nación que garanticen la organización y cumplimiento de los calendarios electorales establecidos y que vigilen y acompañen el desarrollo de estos.
Un factor más estructural y básico en la democracia, es avanzar en una cultura política electoral que respete la diversidad de opiniones y que no considere al que piensa distinto como ‘enemigo’, una expresión propia de la guerra y no de la política, sino como adversarios a los cuales debemos respetar, independiente de quién gane o quién pierda. Ojalá en eso la Procuraduría nos ayude, junto con los medios de comunicación y las instituciones educativas, a trabajar en esa dirección. Y claro, velando porque los altos funcionarios del Estado no se dediquen a hacer alocuciones de proselitismo político, abierto o mimetizado, a favor de la causa de sus intereses y sobre todo con arengas promotoras de los llamados discursos de odio.
