Por Ómar Flórez Vélez
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Dos telenovelas han logrado gran audiencia entre los televidentes colombianos: La Venganza de Analía y El General Naranjo, ambas producciones de Caracol TV. Son del género ficción/realidad, con guiones de prestigiosos libretistas y la participación de reconocidos actores.
La venganza de Analía se desarrolla en un contaminado ambiente debido a comportamientos perversos y degradantes en la lucha política: la desaforada ambición por el poder, crimen, mentira, intriga, deslealtad, incoherencia política y destrucción de la institución familiar. Es la exaltación del “todo se vale”.
El General Naranjo acude a variadas facetas de la vida colombiana en los últimos 30 años, relacionadas con la lucha –con la cooperación internacional– contra la criminalidad (narcotráfico y guerrilla); particularmente lo atinente al narcotráfico y su injerencia en el poder político y social tiene como eje central la perversa filosofía de “el fin justifica los medios”, generando terror, muerte, desafío a la institucionalidad y a la sociedad. Sin duda, suscita comprensibles reflexiones para estimular una autocrítica como sociedad, para no repetir esta dolorosa época de la vida nacional, en procura de retomar los caminos de la legalidad y la decencia en todas nuestras actuaciones públicas y privadas, para ser merecedores de una vida civilizada y digna.
Otro aspecto que llama la atención es el comportamiento indebido de algunos miembros del Ejército y la Policía, que violando su juramento, mancillaron el prestigio de tan importantes instituciones, terminaron de colaboradores de los carteles del narcotráfico y el paramilitarismo, debilitando la confianza ciudadana.
Ante conmovedoras escenas de ambas telenovelas, se sugiere que Colombia requiere urgentemente una depuración en el ejercicio de la política para que la democracia se fortalezca con el aporte de auténticos servidores públicos que logran sus dignidades en un escenario de sana emulación dialéctica de sus programas en la dimensión de la solución de los principales problemas de la comunidad para mejorar su calidad de vida, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo político y la libertad de pensamiento y obviamente su compromiso de trabajar por la paz con desarrollo social.
Buena parte de la tragedia que ha vivido Colombia se explica a partir del protervo contubernio de organizaciones criminales con movimientos y dirigentes políticos inescrupulosos que engañan a la gente en sus campañas para servir a sinuosos intereses, acudiendo incluso al asesinato.
Concentremos el esfuerzo colectivo para retomar el rumbo perdido y hacer realidad el mandato constitucional: “Colombia es un Estado Social de Derecho... democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Art. 1).