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Federico Gutiérrez Zuluaga
Columnista

Federico Gutiérrez Zuluaga

Publicado el 14 de septiembre de 2020

Ante las llamas, un “gran extintor” de inversión social

Comienzo por rechazar el abuso policial que terminó en el homicidio de Javier Ordóñez; episodio lamentable y que no tiene justificación alguna. La fuerza pública está para proteger a los ciudadanos, velando por su seguridad en el marco del respeto y la protección de los derechos humanos. Frente a esta situación, la justicia debe condenar a los responsables y generar medidas para prevenir este tipo de abusos, que desprestigian una institución necesaria para garantizar el orden en el país.

También condeno la violencia y el vandalismo que, en varias ciudades del país, dejan hasta ahora 11 personas muertas, 209 civiles y 194 policías heridos, graves afectaciones a bienes públicos y privados, destrucción de sistemas de transporte masivo que son vitales especialmente para los ciudadanos más vulnerables, y debilitamiento de las instituciones. Hechos que además han sido irresponsablemente exacerbados desde la comodidad de las redes sociales por parte de algunos líderes políticos, que aprovechan la indignación social para promover más violencia, polarización y odio. Todos perdemos con el desprestigio de la institucionalidad, por eso la única solución viable es recuperarla.

Por supuesto que hay motivos para estar inconformes, pero ni la violencia ni los problemas se resuelven con más violencia. Esta llama de confrontaciones debe sofocarse a través del fortalecimiento de la autoridad legítima del Estado, de la confianza ciudadana en las instituciones y, sobre todo, de un “gran extintor” de inversión social que resuelva las necesidades de los colombianos, brinde oportunidades y contrarreste el combustible que enciende las protestas violentas y los estragos que ha dejado la pandemia en todos los sectores.

Hoy tenemos un país muy diferente al de hace seis meses, con retrocesos de hasta 15 años en indicadores sociales. La economía ha sufrido el golpe más fuerte de su historia reciente, con un desplome del 15,7 % del PIB durante el segundo trimestre de este año; y en total, en el primer semestre de 2020, un decrecimiento del 7,4 % de acuerdo con el Dane. El desempleo aumenta a tasas históricas superiores al 20 %, el más alto entre los países de la Ocde, y se traduce a su vez en una ampliación de informalidad que alcanza niveles históricos del 60 % y en la desprotección en materia de salud para millones de trabajadores. Según Fedesarrollo, la pobreza promedio en el país aumentará hasta el 38 % en este año, y la pobreza extrema, es decir una persona con ingresos inferiores a 125 mil pesos mensuales, será de 11,3 %. Así las cosas, Colombia tendrá 19 millones de personas en condición de pobreza al finalizar este año (40 % de la población) de los cuales 5.6 millones serán producto del covid-19.

Otro enorme reto es la educación, herramienta clave para acabar círculos de desigualdad y violencia. La pandemia ha hecho que en algunas capitales del país unos 13.000 estudiantes hayan abandonado el colegio, la mayoría por falta de conectividad, principalmente en el sector rural donde sólo un 17 % de los niños y jóvenes tienen internet y computador en casa. Esta deserción causa rezago escolar, desnutrición, reclutamiento por parte de estructuras ilegales y, en algunos casos, el trabajo y la explotación infantil.

La recuperación económica del país, la reactivación de los empleos, la reducción de la pobreza, la reinserción escolar y el mejoramiento de la calidad de vida son prioridades en la agenda nacional que requieren un “gran extintor de inversión social” que apague la llama de la violencia y genere oportunidades. Pero, además, que permita el fortalecimiento institucional a través de la recuperación de la confianza ciudadana, fundamental para que el país mire más allá de la polarización, la violencia y el miedo. Finalizo expresando toda mi solidaridad con las víctimas civiles y uniformadas, y sus familias.

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