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Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 01 de abril de 2022

Candidatos a la presidencia y administración de justicia

La justicia es una función y, además, un servicio público a cargo del Estado, que lo presta de manera directa o indirecta, por sus órganos o a través de estructuras privadas, bajo la vigilancia y supervisión del Estado, como sucede, por ejemplo, con los tribunales de arbitramiento.

En la democracia occidental, los órganos que integran la administración de justicia hacen parte de la estructura del Estado, con sus similares de la rama ejecutiva y la legislativa. Además, bajo la concepción dinámica moderna del modelo Estatal, la justicia constituye una función, al lado de las demás funciones centrales del Estado, que son la constituyente, la legislativa, la administrativa, el ministerio público, el control fiscal, el sistema electoral y la banca central, así como la seguridad y la planeación.

Bajo el esquema del Estado social de derecho a que se refiere la Constitución Política del 1991 desde su artículo primero, la justicia, además de mantenerse como una función y servicio fundamental, adquiere un nuevo perfil, pues se convierte en un instrumento necesario de inclusión y defensa de los derechos. La consagración de las denominadas acciones constitucionales, como la acción de tutela, las acciones de grupo y las acciones populares, todas ellas de origen constitucional, le dieron a la administración de justicia un nuevo papel, pues el ciudadano, a través de estas acciones, encontró un medio para buscar la pronta realización y protección de sus libertades y derechos individuales y colectivos, cuando los órganos de la administración pública y el Congreso no cumplan de manera suficiente esta tarea de protección e inclusión, inherente al concepto del Estado social de derecho.

Lo expuesto muestra que la justicia se ha convertido en un elemento fundamental para la defensa del Estado social de derecho y la democracia. Mantener su integridad y neutralidad, defender su independencia y autonomía, garantizar el acceso de todos los individuos hacia una pronta, oportuna y acertada administración de justicia es el gran reto que tienen los candidatos a la presidencia de la República.

Lo curioso y preocupante es la escasa referencia que en sus debates y redes se hace hacia el tema de la justicia. En este, como en tantos otros, el país no puede olvidar la historia, para, a partir de ella, sopesar y reflexionar sobre las nubes oscuras que pueden entorpecer el futuro de la justicia. Uno de los candidatos hizo parte de un grupo insurgente que, demostrando un gran desprecio por la justicia, atacó el Palacio de Justicia y participó en la muerte de ilustres magistrados que marcaron una época de oro de las altas cortes. Es difícil que alguien que en forma activa o pasiva cohonestó semejante acto no vaya a continuar con su pensamiento perverso hacia a la Justicia. El hecho es que ni dicho candidato ni los demás se han pronunciado con claridad y vehemencia sobre el futuro de una actividad que es pilar para el desarrollo de los Estados civilizados 

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