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La renuncia del gobernador de Puerto Rico, forzada por las multitudinarias demostraciones de protesta encabezadas por artistas y personajes populares, puede ser un antecedente de lo que seguiría sucediendo con mandatarios que manifiesten evidente falta de coherencia en el manejo de los asuntos del poder y el gobierno.
La mentira, la falta de transparencia, así como el embuste, las maquinaciones torticeras y las trampas de tahúres se han integrado al modo de dirigir la política desde las cúpulas del poder. Ha sido un fenómeno incorporado a la génesis de la sociedad humana. Pero en los tiempos actuales, tal parece que va realizándose el ideal de que nada quede oculto bajo el sol y tarde o temprano lleguen a ser de público dominio los arreglos secretos, tenebrosos, tejidos desde las trastiendas gubernamentales.
En la terminología política se ha hecho una asociación entre la ética pública y la transparencia. La pérdida de confiabilidad y credibilidad de políticos y administradores está vinculada con la sospecha de que actúan en contra de la palabra empeñada en las campañas propagandísticas y los planes de gobierno.
El disfraz de bondad, altruismo y vocación de servicio queda al descubierto cuando se incurre en acciones como las que se denunciaron en Puerto Rico: Aparentar limpieza de intenciones, pero utilizar instrumentos de comunicación, en principio de carácter privado, para ultrajar o ridiculizar a opositores o personas que se han ganado la animadversión de los dueños del poder, es un procedimiento que, al ser detectado y divulgado por algún infidente, patentiza la falta de coherencia de quien está al mando.
Es lo que le ha pasado al dimitente gobernador Roselló. Ante las evidencias y por causa de la creciente indignación de millares de manifestantes, no tuvo más remedio que renunciar. No se trató de una moción de censura ni de una revocación de mandato en las condiciones en que suele preverse en las legislaciones internas. Todo fue tan simple como breve, sumario y contundente. Se señaló, sin más ni menos, una grave como irreparable falta de ética y moral pública. Se le aplicó una potente sanción social.
Por supuesto que se reedita aquí el debate jurídico y ético sobre la colisión entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información, en el que han influido filósofos eminentes como Ronald Dworkin. En Colombia, la ponderación de ambos derechos ha sido un problema complejo, ante el cual ha vacilado la misma Corte Constitucional. Desde el ámbito de la Ética del Periodismo, sostengo que la vida privada de los servidores públicos es vida pública. Cuidar el derecho a la intimidad, mantener sus límites, es responsabilidad de ellos mismos, con la prudencia que evita desafueros, faltas de coherencia y caídas en desgracia.
