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Colombia sabe perfectamente cómo se entrega el poder. Lo ha hecho, sin interrupciones, durante décadas: elecciones, escrutinio, proclamación, empalme, posesión el 7 de agosto. El manual existe, las instituciones existen, los jueces existen. Y, sin embargo, esta semana el presidente en ejercicio y el electo decidieron tirar el manual por la borda.
El lunes, el señor Gustavo Petro se negó a reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella, a quien la autoridad electoral declaró ganador de la segunda vuelta del 21 de junio, y afirmó que el presidente aceptado por los colombianos es el “filósofo” Iván Cepeda. Lo hizo señalando, sin pruebas, presuntas irregularidades algorítmicas en servidores situados en Los Ángeles, aunque una misión de la Unión Europea destacó la transparencia del escrutinio y el Centro Carter calificó el sistema de resultados como confiable y plenamente trazable. El martes vino la respuesta: De la Espriella ordenó suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el que llamó “el gobierno corrupto que termina su periodo”. Y el gobierno saliente, por supuesto, respondió suspendiendo también sus mesas de trabajo, anunciando que no aceptará “calumnias”.
Somos un país donde la pelea es la agenda y donde, mientras tanto, el ciudadano de a pie observa, hastiado, cómo la transición del Estado —esa maquinaria que paga pensiones y subsidios, ejecuta obras y sostiene la seguridad— queda rehén de dos egos en la red X. Porque el empalme no es una cortesía entre políticos: es la entrega técnica de un Estado de billones de pesos, de programas en marcha, de crisis pendientes. Interrumpirlo no castiga al adversario; castiga a los colombianos.
Lo más frustrante es que las salidas institucionales existen, pero también están siendo usadas con fines políticos. Hay una demanda de nulidad de las elecciones interpuesta por un abogado afín al señor Petro ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, aunque el procurador Gregorio Eljach ha dicho que los cuestionamientos del señor Petro no tienen incidencia jurídica, por lo que De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto.
En cualquier caso, por mas confrontación política, ninguna salida institucional autoriza a parar el funcionamiento del aparato estatal. Suspender el empalme lo único que logra en realidad es impedir una transición mas fluida entre un gobierno y otro, y en donde realmente existe un solo perdedor: el pueblo colombiano.
Un verdadero Estado democrático se mide en esto: en su capacidad de transferir el poder entre movimientos que piensan radicalmente distinto sin que se apague una sola luz de la administración pública. Para eso son los procesos, las reglas, los pesos y contrapesos. No para los días fáciles, sino para semanas como esta.
Los problemas de los colombianos —la pobreza, la inseguridad, la salud, el hueco fiscal— no se suspendieron con el empalme. Siguen ahí, intactos, esperando a que sus líderes terminen de pelear.
No nos faltan instituciones. Nos falta la grandeza de nuestros líderes políticos para respetarlas.
