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Dentro de la tarifa de energía eléctrica, los colombianos pagamos el cargo por confiabilidad. Este término técnico se ha vuelto tema de primer órden en la conversación política nacional desde hace algunos años, por los intentos que han hecho algunos congresistas y, ahora, el gobierno nacional, para modificarlo.
El cargo por confiabilidad tiene varios objetivos. Uno de ellos es actuar como mecanismo para la entrada de nuevas plantas de generación. Otro es el de actuar como un “seguro” para que los consumidores podamos contar con energía incluso en los momentos mas críticos de sequía, cuando los embalses no tienen suficiente agua para atender la demanda. Y por pagar esa prima, el pago del cargo da derecho a los colombianos a tener un “techo” en el precio de la energía que se transa en bolsa.
Como precio, entonces, el cargo por confiabilidad es una señal crítica para el buen funcionamiento del sector eléctrico, y por eso es que debe actuar como un precio eficiente y correcto. Y esto lo garantiza que ese precio lo fije el mercado.
Sin embargo, la semana pasada, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), publicó una resolución en consulta que distorsiona por completo el cargo por confiabilidad como señal de expansión del sistema eléctrico. Con la excusa de bajar las tarifas de energía para que estas sean mas “justas” (concepto complejo cuando de precios se trata), la resolución pretende poner un “techo” a la tarifa del cargo por confiabilidad que se le reconocerían a las plantas térmicas, que son las que mas energía aportan al país en momentos de escasez.
Esta forma de tratar de bajar las tarifas -propósito loable, por supuesto- es claramente ineficaz, por varias razones. La primera de ellas es que la razón por la cual los precios de la energía en Colombia se han incrementado es porque no hay suficiente oferta para cubrir la demanda. Y poner un precio ficticio del cargo no hace sino agravar el problema. El país necesita mas energía, y este gobierno se ha dedicado es a impedir que esto suceda. Con un precio del cargo intervenido, difícilmente entrarán mas proyectos, particularmente térmicos, que son los que mas energía confiable ofrecen.
La segunda razón es que, de prosperar esta resolución, si los ingresos que las plantas entrantes reciban por cargo por confiabilidad son menores, esta diferencia se va a compensar con un mayor precio de la energía.
Al final del día, el gobierno se va a quedar con el pecado y sin el género. Y todo, nuevamente, por creer que los problemas se arreglan es interviniendo precios y mercados, cuando la solución es completamente la contraria.
Mas competencia, mas eficiencia en la formación de precios, mas energía. Eso es lo que necesita Colombia. La “justicia” económica no se arregla en los mercados, sino en el Congreso, en el presupuesto nacional. Intervenir los mercados es la peor forma de lograr la tan cacareada “justicia social” que este gobierno supuestamente dice defender.
