Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
El gobierno entrante va a encontrar una situación fiscal altamente deteriorada, y al tiempo unas necesidades de inversión en ciertos sectores que no dan espera. Balancear estas dos tensiones opuestas será una tarea difícil y compleja desde lo económico y, sobre todo, desde lo político.
Los estimados del cierre de 2026 están entre 6.5% y 8.3% puntos del PIB. Hay consenso en que la forma de lograr el ajuste fiscal requerido de manera rápida es cortando gasto en un presupuesto supremamente inflexible, además de una focalización de los subsidios que hoy en día reciben muchos sectores de la población que no los necesitan. Pero todos sabemos que los ajustes vía recortes van a ser dolorosos y políticamente espinosos. Según estimaciones de Mauricio Cárdenas, vía el recorte del gasto y la focalización de los subsidios, se podrá abrir un espacio de recursos para inversión de alrededor de $13 billones para el 2027. Y la reducción de las tasas de interés esperada por la entrada de un gobierno promercado también debe abrir algo de espacio fiscal adicional el año entrante.
Además del ajuste fiscal, el nuevo gobierno deberá dar señales tempranas que den luces sobre como se pretenden solucionar los problemas más apremiantes, principalmente la seguridad, salud, energía e infraestructura. Y todos requieren recursos públicos.
Por el lado de la seguridad, muy rápidamente se podría echar para atrás el desastre que ha sido la Paz Total, y volver a dotar a las fuerzas militares de equipamiento, hombres y recursos para retomar los territorios que este gobierno impunemente entregó a los grupos al margen de la ley, además de retomar un plan agresivo de destrucción de cultivos de coca.
La salud, por su parte, requiere un gran ajuste en materia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el cual no solo debe buscar cubrir el hueco financiero del sistema que se generó los últimos 4 años, sino procurar mantener un crecimiento acorde con la base de costos del sector, mientras busca además expandir la cobertura a sitios rurales que hoy no cuentan con una entrada al sistema. Revisar, además, el régimen subsidiado para depurarlo es otra tarea de corto plazo. Mientras tanto, buscar financiación para cubrir las deudas a las IPS y EPS es una labor urgente.
En cuanto a energía, si bien las soluciones son de mediano y largo plazo, si se pueden dar señales claras del rumbo que el gobierno pretende tomar. Se necesita resolver el problema del servicio en la Costa Atlántica de una vez por todas, y esto no se va a lograr si el gobierno no se mete la mano al bolsillo y busca solucionar la deuda de Air-e con los generadores, además de crear un mecanismo que permita desatrasar las inversiones requeridas en la región, que suman alrededor de $6 billones.
Finalmente, retomar el plan de asociaciones público-privadas que transformó la infraestructura en Colombia es una señal clara que el próximo gobierno debe dar.
El camino es espinoso y tortuoso, pero las victorias tempranas serán claves para afianzar la confianza de los colombianos en el gobierno del Dr. De La Espriella y su vicepresidente..
