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El inicio de la nueva legislatura el próximo 20 de julio marcará, también, la apertura formal de una discusión sobre un proyecto de reforma educativa sobre el que ya se han adelantado algunos espacios de dialogo a nivel regional, y sobre el que la Ministra de Educación ha presentado en medios de comunicación algunas de sus características esenciales.
Uno de esos ejes fundamentales, en palabras de la Ministra, consiste en modificar la concepción de la educación superior, que hoy en día está categorizada como un servicio publico, para elevarla a una nueva denominación como derecho fundamental. Desde una perspectiva superficial, este cambio pareciera ser un cambio deseable. Sin embargo, en un análisis mas profundo sobre sus potenciales implicaciones, se hace indispensable evaluar desde todos los ángulos la incidencia que tendría un cambio aparentemente menor en el propósito amplio de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país.
Afirmar que la educación debe ser un derecho fundamental es, casi, una verdad de perogrullo. Y aún así, es cierto también que son demasiados ciudadanos los que se quedan sin posibilidad de acceder a ella por múltiples barreras asociadas a sus estándares, o a sus costos. Sin embargo, si lo que de verdad queremos es asegurar ese derecho para todos los colombianos que así lo quieran, nuestros esfuerzos deberían estar enfocados en habilitarlos a través de una mejor preparación para su ejercicio, y no solo en pretender su amparo a través de una mera enunciación normativa.
En el marco de esta discusión, no deja de sorprender la ausencia de un elemento fundamental en la discusión, y es la necesidad de que todos los esfuerzos se vuelquen a asegurar que todos los niños y niñas del país obtengan la mejor preparación posible en sus colegios, oficiales o privados, de manera tal que cuando se enfrenten a cualquier prueba de admisión, en la universidad que elijan, no encuentren obstáculos para su admisión. Ratificamos con esto que la educación básica y media es siempre la principal olvidada en los propósitos de nuestro país, y, con ello, pareciera entonces que la estrategia del Gobierno consiste en permitir que, ya no a través del esfuerzo y el mejor desempeño, sino mediante mecanismos como la acción de tutela, se pueda acceder por el camino menos exigente a un titulo universitario que, para empeorar la situación, no representará ninguna garantía de empleabilidad ni de valor real.
Así como este, son muchos los elementos que ameritan una discusión honda de ese proyecto, y en la que deben participar con el mismo entusiasmo con que participaron de otras reformas todos los sectores de la sociedad: los esfuerzos por ampliar capacidad en universidades publicas, por ampliar la financiación para quienes el costo representa otra talanquera, o la disponibilidad de programas en lugares distintos a las grandes ciudades son solamente algunos. Por ahora, es en estos elementos aparentemente inofensivos, y establecidos en buenas intenciones, donde debería concentrarse la discusión por el potencial que tienen de convertirse en incentivos perversos y regresivos que, en lugar de conducirnos hacia una ruta de desarrollo real, pavimenten el camino al infierno.
