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En mi columna pasada me referí a los riesgos presentes en una discusión aparentemente inofensiva, y altísimamente taquillera: la que se pretende adelantar para elevar a la categoría de fundamental el derecho a la educación superior, que ha sido expuesto como el eje articulador de toda la propuesta de reforma a la educación superior por parte del Gobierno Nacional.
Con esa columna, y sin que aún se conociera ningún texto formal sobre el proyecto propuesto, quise iniciar una serie de reflexiones encaminadas a discutir sobre los elementos de una reforma a lo que es el sector más importante en el propósito de progresar, advirtiendo que se requerirá por parte de toda la sociedad un compromiso activo para participar de forma conjunta y constructiva, rompiendo la tendencia tradicional de dejar los temas de la educación abandonados, y por lo mismo mal atendidos.
Durante el curso de estas dos semanas he conocido ya una primera versión del proyecto de reforma, al que se puede acceder a través del portal del Ministerio de Educación para contribuir con comentarios, con miras a consolidar un documento que aparentemente será radicado para iniciar su trámite en las primeras semanas de agosto.
Los elementos de fondo sobre los cuales los expertos en este sector han llamado la atención son múltiples: la ausencia de temas de infraestructura tecnológica en un momento como el actual; la falta de estímulos para quienes desarrollen proyectos innovadores o para quienes pretendan contribuir a través de donaciones al mejoramiento de la educación; la falta de detalles sobre lo que se requerirá en la línea de “bienestar”, entre otros. Sin embargo, desde una primera lectura del documento, lo que más llama la atención tiene que ver con un elemento de forma: el proyecto planteado es un documento desordenado, cuya lectura resulta espantosamente compleja, y que aún en los aspectos conceptuales básicos sobre los que pretende trabajar genera en el lector una confusión y una ambigüedad que no da cuenta de uno de los principales aspectos en los cuales debe esforzarse más cualquier educador para resolver un problema: el orden y la claridad.
El otro elemento que me ratifica la preocupación sobre esta discusión, y que no es solamente un tema de forma, es que precisamente durante el curso de esta socialización, presentó su renuncia irrevocable la Viceministra de Educación Superior, que no llevaba más que unos pocos meses en el cargo y que desempeñará sus funciones hasta el último día de julio. Con esta noticia, la persona que asuma esa responsabilidad (tercera en hacerlo en menos de un año), tendrá que distribuir los tiempos de su proceso de inducción mientras lidera la discusión sobre la reforma más importante para su sector que se haya dado en los últimos veinte años.
Promover una reforma provechosa para nuestro país requiere de un compromiso por liderar, cuando menos, una conversación ordenada. Quienes lideran la discusión de este proyecto deben esforzarse en este propósito, y quienes participemos de él debemos refrendarlo. En el afán reformista no puede permitirse la desarticulación, por vía del desorden, del elemento estructural más importantes de nuestra sociedad: la educación.
