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Antioquia se viene transformando a mayor velocidad que las regiones que el Estudio Monitor de los 90 vaticinaba como las grandes apuestas de futuro. Paso de tener un ingreso per cápita inferior al promedio nacional a cuadruplicarlo y ser la región más rica. Pero la tarea está inconclusa; aún estamos lejos de los 1600 dólares per cápita al mes requeridos para superar la pobreza y llegar al umbral del desarrollo.
La iniciativa de autonomía regional promovida por la Gobernación de Antioquia es trascendental y merece entenderse como algo más que una controversia sobre la distribución de impuestos. Su alcance potencial consiste en modificar la relación entre la Nación y los territorios, de modo que los departamentos dejen de actuar principalmente como ejecutores de recursos decididos desde Bogotá y adquieran mayor capacidad para planear, financiar y sostener proyectos propios.
La nueva estrategia propone presentar una reforma constitucional. La iniciativa busca que los departamentos administren directamente recursos asociados con los impuestos de renta y patrimonio y que el Sistema General de Participaciones evolucione hacia un esquema territorial, manteniendo criterios de distribución entre regiones. Una autonomía fiscal bien diseñada tendría que combinar responsabilidad presupuestal, transparencia, evaluación de resultados y mecanismos de solidaridad con los departamentos de menor capacidad tributaria. Facilitaría políticas con horizontes superiores a los cuatro años, particularmente en infraestructura, educación técnica, ciencia, salud, empleo, logística y transformación empresarial.
La autonomía no produce desarrollo automáticamente. Es una capacidad institucional cuyo valor depende de la estrategia que permita ejecutar. Por ello, el siguiente paso debería ser la creación de una Zona Económica Especial para Antioquia, concebida como una política de Estado para las próximas tres décadas. No sería una zona franca ampliada ni una simple reducción del impuesto de renta, sino una plataforma territorial que conecte tres nodos: Urabá como eje portuario, logístico y agroindustrial; Oriente como nodo aeroportuario, tecnológico y de manufactura avanzada; y el Valle de Aburrá como centro empresarial, financiero, universitario y de innovación.
La experiencia de Shenzhen, la gran plataforma de la transformación de China, muestra que una zona de esta naturaleza requiere mucho más que beneficios tributarios. Demanda una autoridad ejecutiva, suelo industrial habilitado, infraestructura confiable, reglas estables, facilitación aduanera, formación de talento, atracción de empresas ancla y desarrollo de proveedores locales. En Antioquia, ese modelo podría estructurarse mediante una ley nacional, un pacto fiscal entre municipios y departamento, una agencia técnica con continuidad institucional y contratos de desempeño que condicionen los incentivos a inversión nueva, empleo formal, exportaciones, innovación, compras locales y resultados ambientales.
Como plantea Juan Camilo Quintero en sus columnas, los territorios que compiten internacionalmente articulan recursos naturales, infraestructura, financiación, industria y estabilidad regulatoria, en lugar de tratarlos como asuntos separados. El desafío de Antioquia, por tanto, no consiste solamente en recaudar y administrar más recursos. Consiste en convertir una mayor autonomía en capacidad productiva acumulativa. La reforma territorial abriría la puerta a una Zona Económica Especial, que transformaría esa autonomía en una estrategia de industrialización, internacionalización y desarrollo regional.
