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Dando continuidad a mis reflexiones sobre el momento de alto riesgo que vive el país, el rumbo inquietante del accionar político, el crecimiento de la inseguridad y la encrucijada en que se encuentran las estructuras creadas para protegerla, quiero insistir en la necesidad de cambios reales en la organización a la cual dediqué con total compromiso y afecto mi vida profesional.
La principal razón para el cambio en las estructuras de seguridad es que el conflicto dejó de ser ideológico, para contagiarse de la criminalidad transnacional, que ha permeado la gobernanza en múltiples áreas del territorio nacional, aupadas por el narcotráfico. Esto se hace más complejo porque aún subyacen las múltiples causas que le dieron origen y persistencia a dicho conflicto.
Lo segundo es la necesidad de interiorizar un nuevo concepto de seguridad, más moderno, inclusivo y social. La seguridad vista como un bien público fundamental, de construcción colectiva y prerrequisito para el desarrollo humano social y económico. Así, la seguridad de la población genera la seguridad del Estado y no al contrario.
Para ello se requiere que los temas de seguridad sean de conocimiento y dominio público. El colombiano necesita entender que la seguridad tiene que ver con la normalidad política, económica, social y cultural, dentro del acuerdo social (Rousseau) que las estructuras de seguridad protegen, incluyendo la libertad, la integridad territorial y la soberanía nacional.
En tal contexto, “la seguridad debe ser una política de estado; suprapartidista en lo político; nacional en su amplitud y carácter y socialmente legítima, para lograr el compromiso de todos los ciudadanos”.
De allí nacen la complementariedad de dos conceptos: seguridad y defensa. La primera es un fin en el que se minimizan las vulnerabilidades y amenazas, en tanto que la segunda son acciones para alcanzar el fin. La seguridad exige altos niveles de previsión y sensibilidad social; la defensa demanda una deontología especial, conocimiento específico y alta tecnología.
La seguridad nace de la identidad de intereses, solidaridad y compromiso entre gobierno, población y Fuerzas Militares. En este triángulo virtuoso, la población es su lado más largo, donde recae buena parte de la solución, y no en las Fuerzas Militares. La aceptación de esta premisa les permitirá a ellas cambiar la “estrategia de contención” de la subversión, la violencia e inconvivencia, por una estrategia exitosa de superación de las causas que le dieron origen. Si aspiramos a construir una paz en un ambiente de justicia, seguridad y desarrollo sostenible, debemos saber que ella no se logrará sin los militares, o en contra de ellos. Tampoco debemos pensarla como una función solo de éstos, sino el fruto del consenso social.
Las Fuerzas Militares requieren el cambio, pero para que sea exitoso necesitan del reconocimiento, comprensión, apoyo y control efectivo, ético e imparcial de la población y del gobierno.
Ese cambio, sobre el cual abundaré en mi próxima columna, debe ir acompañado de modificaciones en su sistema educativo. Como dijera Malala, para lograr la paz y el desarrollo... la educación es la única solución.
