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En su informe de Perspectivas Económicas de América Latina de 2019 (LEO 2019), la Ocde definió cuatro trampas de desarrollo en la región: productividad, impacto ambiental, vulnerabilidad social e institucional. La trampa institucional se refiere a problemas como la desconfianza en las instituciones gubernamentales o la corrupción y a la falta de transparencia en los procesos de contratación y regulación. En el mundo, la corrupción ha sido un motivo de gran aflicción; sólo en Colombia, ha representado gastos de hasta el 5 % del PIB, mientras que a nivel mundial ha provocado pérdidas del 20 al 25 % de los gastos en la contratación pública (aproximadamente USD 1 billón). Pero el componente financiero es sólo uno de los muchos impactos que conlleva, desde la erosión de la capacidad institucional de los gobiernos hasta el debilitamiento de los valores democráticos como la confianza y la tolerancia que reduzcan su legitimidad. Y, naturalmente, el consecuente agotamiento de los recursos (tiempo, dinero y personas) para solucionar este tipo de problemas resulta en una calidad reducida servicios públicos como educación y salud. Recientemente, el Consejo de las Américas (COA) lanzó el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), una herramienta enfocada en evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para detectar y aplicar acciones contra la corrupción y que se basa en diferentes variables asociadas a la capacidad legal, la democracia y las instituciones políticas, la sociedad civil, el sector privado, etc. Lo que muestra el índice de este año es un ligero retroceso, posiblemente asociado con las alarmas que han surgido en torno al riesgo aumentado de corrupción relacionados con la inversión de recursos públicos por la pandemia de covid-19.
Para combatir estos problemas, los gobiernos a nivel global han intentado acelerar la transformación digital y la adopción de tecnologías emergentes. Estas tecnologías se enfocan en mejorar un sistema de integridad mediante diferentes factores como el aumento de la automatización para reducir la intervención humana, la apertura de datos y registros públicos para la transparencia o la misma mejora de los servicios públicos al permitir que los emprendimientos GovTech también implementen nuevas innovaciones y soluciones. En última instancia, lo que se pretende es cambiar el campo de juego y las reglas, ayudando así a promover la disrupción de la corrupción. El reciente Índice Iberoamericano de GovTech del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) es una excelente línea base y descripción del estado actual de las diferentes soluciones y emprendimientos basados en datos y tecnología que apunten a mejorar los servicios públicos, la eficiencia y la innovación en las organizaciones públicas.
La buena noticia es que estas soluciones anticorrupción basadas en la tecnología se están expandiendo a un ritmo sin precedentes y no solo ayudarán a reconstruir la confianza en los gobiernos, sino que también generarán confianza en la innovación y el desarrollo empresarial. La mala noticia es que la tecnología es solo una pieza del rompecabezas. En una sociedad donde las personas cometen delitos -no para sobrevivir sino para enriquecerse- que conducen a la pérdida de más de 32 millones de raciones de alimentos en las escuelas públicas debido a la corrupción asociada a licitaciones públicas, hay cuestiones mucho más profundas que abordar.
