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Por MARGARITA MARÍA RESTREPO
Colombia ostenta la deshonrosa condición de ser el único país del hemisferio occidental en el que se registran casos de reclutamiento forzado de menores de manera sistemática y generalizada. Uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo con las Farc, es la indefinición en la que quedó el reclutamiento de menores. Primero, no se estableció un protocolo riguroso para la desvinculación de los menores en poder de esa estructura delincuencial. Y, segundo, no se iniciaron los procesos judiciales correspondientes contra los autores intelectuales y materiales de ese delito. La impunidad se ha convertido en la principal aliada de los determinadores del reclutamiento forzado de niños.
Las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación son, francamente angustiantes. Hay registro de 4.219 investigaciones por ese delito y solo hay 10 casos con sentencias condenatorias.
Hace poco tiempo la JEP abrió un expediente para investigar los casos de reclutamiento que ocurrieron entre 1971 y 2016, pero preocupa que las víctimas no tengan el espacio para elevar sus denuncias con total libertad. Las víctimas de reclutamiento forzado tienen que gozar de todos los derechos, empezando por el de las garantías necesarias para que puedan narrar ante la justicia, medios de comunicación y la comunidad lo que les ocurrió.
