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En estos meses no había logrado articular con claridad mi angustia electoral: por qué me inquietan las alternativas de extremo que hoy se disputan el poder. Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella representan proyectos opuestos en apariencia, pero parecidos en su esencia. Una reflexión que escribió Francis Fukuyama me lo aclaró
Fukuyama describe de forma tajante el fenómeno que está definiendo la política contemporánea: dirigentes dispuestos a romper el marco legal de sus sociedades para imponer su voluntad por la fuerza, convencidos de que la ley es un obstáculo y no el cimiento del orden democrático.
“Las leyes son efectivas solamente si la gente cree en ellas”, escribe Fukuyama. “Si el ejecutivo ignora la ley, niega su autoridad e incluso utiliza el poder del Estado de formas nunca previstas por la ley, entonces el Estado de derecho colapsa”. Ahí está la razón de mi temor.
Escuchando la intolerancia de ambos candidatos, es exactamente esto lo que ocurriría en Colombia bajo el gobierno de cualquiera. No de la misma forma, pero sí con el mismo resultado.
Cepeda representa un proyecto que buscaría derribar el orden constitucional desde adentro, a través de una Constituyente que no tendría como objetivo perfeccionar la democracia, sino refundarla bajo un modelo ideológico anacrónico, colectivista y profundamente autoritario. Un regreso a un comunismo del siglo pasado que ya fracasó, siempre al costo de libertades individuales, propiedad privada y pluralismo político.
De La Espriella, por su parte, encarna un modelo distinto pero no menos preocupante: el del líder que desprecia al que no le aplaude, que está dispuesto a usar el poder del Estado para aplastar al adversario político. Un camino más cercano al trumpismo o al bukelismo, donde la legalidad se vuelve flexible, selectiva y funcional al capricho del gobernante. No manda la Constitución: manda quien interpreta la ley según su conveniencia.
Mis temores no son compartidos por todos. Al menos un 30 % del electorado está dispuesto a hacer trizas la Constitución con tal de imponer una utopía ideológica. Un 20% está dispuesto a entregarle el país a un caudillo que promete orden a punta de fuerza, silencio y obediencia. En cualquiera de esos escenarios, las libertades quedarían decapitadas.
Salir del agujero de cualquiera de esos extremos nos tomaría décadas. Una generación entera crecería en un país donde la libertad estaría condicionada a callar, a alinearse o a aplaudir. La opción comunista es, sin duda, la más destructiva. Pero la alternativa opuesta tampoco ofrece una vida digna: ¿es realmente prosperidad aquella que exige vivir de rodillas o en silencio?
Colombia aún puede actuar con sensatez, sin toma de decisiones dictadas por el algoritmo o sed de venganza. Un país que ha derramado tanta sangre no puede tirar la ley a caneca para reemplazarla por la voluntad de un iluminado. Porque cuando la ley deja de ser ley y se convierte en arma, la democracia ya está perdida. Y recuperar lo que se destruye en nombre del fanatismo nunca es rápido, ni fácil, ni gratuito.
