Por ARMANDO ESTRADA VILLA*
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El conflicto es un fenómeno presente en las relaciones humanas de toda clase: familiares, sociales, laborales, culturales, económicas, políticas. Forma parte integral de la condición humana y es connatural con la vida misma, constituyéndose en un hecho insuperable, pues no hay vida social sin conflicto. Para Raymond Aron “el conflicto es una oposición entre grupos de individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles”. Los conflictos suelen ocurrir por la posesión de bienes escasos como la tierra, la riqueza, el poder, o la realización de valores como la libertad, la igualdad, la democracia o la justicia.
El conflicto no es necesariamente negativo. De hecho, es uno de los factores más importantes para el cambio social. Los conflictos revelan que algo no funciona bien. Por eso, el conflicto es generador de reformas y de mejoramiento. Sin conflicto tendríamos estancamiento. La democracia representativa, por ejemplo, implica un conflicto donde luchan para acceder al poder candidatos, partidos e ideologías opuestas.
La sociedad colombiana vive conflictos de todo tipo: sociales, económicos y políticos, pero puede preguntarse si los enfrentamientos violentos entre Estado, guerrillas y paramilitares permiten hablar de conflicto armado. Al respecto, Vicenc Fisas, en su libro “Procesos de paz y negociación de conflictos armados”, dice que “entendemos por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que, con armas u otros medios de destrucción, y organizados, provocan más de cien víctimas en un año a través de actos intencionados, sea cual sea su justificación”.
De esta manera, conflicto armado es todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos incompatibles en el que el uso reiterado y organizado de la violencia provoca más de cien víctimas mortales al año, destrucción de infraestructuras, heridos, desplazados, violaciones, masacres, atentados terroristas, con una justificación vinculada a demandas de cambio social o político o rechazo al mismo, oposición o respaldo al sistema político, económico, social o ideológico del Estado y a la política interna del gobierno, lo que motiva el combate para acceder o erosionar al poder o al control de bienes o de territorios.
Los efectos de esta violencia, entre 1958 y 2018, muestran, según el Centro de Memoria Histórica, el siguiente resultado: masacres 4.210, con 24.470 muertos; atentados terroristas 238, con 732 muertos y 3.549 lesionados; violencia sexual 15.738 víctimas; secuestros 37.094; desaparición forzada 68.431 casos, con 80.472 víctimas; víctimas fatales 261.619: 214.584 civiles, 46.675 combatientes.
Ante la intensidad de la violencia y la sólida organización de guerrillas y paramilitares, Colombia reconoció la existencia del conflicto armado, mediante la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales, leyes 5 de 1960 y 171 de 1994, y también por una amplísima normatividad, que incluye las leyes 418 de 1997, 782 de 2005, 1448 de 2011 (Ley de Víctimas); 1719 de 2014 de acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual, y por el Acto Legislativo 01 de 2012, Marco Jurídico para la Paz. Además, por la jurisprudencia nacional e internacional y la actividad del Comité Internacional de la Cruz Roja.
En conclusión, puede afirmarse que hay conflictos sin violencia, pero no violencia cruenta y persistente como en Colombia sin que haya conflicto.*
Exministro del Interior.
