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Para dar cumplimiento a la sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto Ley 920 de 2023 y dio plazo al Congreso hasta el 20 de junio de este año para expedir un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, el pasado 12 de mayo tuvimos el primer debate en Comisiones Segundas Conjuntas de los Proyectos de Ley 312 y 331 de Senado acumulados, uno del Gobierno y otro de Gremios y varios Parlamentarios, donde se tipifican infracciones en comercio exterior, las consecuencias jurídicas y los procedimientos.
Varias lecciones quedan de este ejercicio, primero, que es posible el diálogo y la construcción colectiva entre sectores público, privado y academia; dos, cuando hay debate técnico, se puede llegar más fácil a consensos; tres, claridad de objetivos allana el camino.
Antes de debatir el proyecto, se abrió un espacio de concertación donde participaron la DIAN, más de treinta Gremios, expertos y Congresistas que trabajaron siete semanas continuas más de 120 horas en 27 mesas técnicas para consolidar un único texto. Todo el debate se dio con cifras y soportes técnicos para garantizar decisiones basadas en datos. Y se tuvo siempre la claridad sobre la necesidad de combatir el contrabando, modernizar el sistema y dar seguridad jurídica a los diferentes actores del comercio exterior, estableciendo responsabilidad en función de sus obligaciones.
Se logró un proyecto de 114 artículos, donde por ejemplo, se fortalecen las garantías procesales para modular las facultades de la DIAN, disminuyendo discrecionalidad, pero no capacidades; se diferencia error de fraude, se logra gradualidad, y cumplimiento voluntario y debida diligencia. Sin claudicar en la lucha contra la corrupción y las diferentes formas de contrabando se protegió el tejido empresarial. Para Colombia es vital el control del contrabando que está tipificado en el artículo 319 del Código Penal y que representa una pérdida de $8 billones al año. La principal modalidad es el contrabando técnico que es aproximadamente el 90%. Además, necesitamos mejorar controles en nuestras diez principales zonas portuarias, aeropuertos y puestos fronterizos; y avanzar en digitalización.
La otra gran lección, es cuanto sirve la prudencia y el silencio, pues en el momento que radicamos el proyecto, desde la DIAN nos llovieron rayos y centellas, a través de un comunicado (119 del 11 de diciembre de 2025) y en medios salieron a afirmar que aunque había coincidencia en más de 80% entre el proyecto del Gobierno y el de los Gremios que nosotros radicamos, buscábamos debilitar la lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Optamos por esperar el espacio de discusión, que mostró que con sensatez se puede vencer el radicalismo ideológico y los prejuicios; que con soporte técnico se pueden construir consensos; y que cuando el país se pone por encima de cálculos políticos, sectoriales o personales es Colombia la que gana.
Posdata. Lástima que el proyecto no logró avanzar con celeridad, por las marrullas del presidente de la Comisión II de Cámara, Álvaro Mauricio Londoño, del Partido de la U.
