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Los opositores del proceso de paz han dicho desde el día de su inicio, en septiembre de 2012 en Oslo, hasta hoy, que la negociación con las Farc no es más que un pacto de impunidad. Por esta razón han señalado que el Acuerdo Final y las instituciones que derivan de este, como la JEP, la CV, la reforma rural integral, son instrumentos de una política que el anterior gobierno impulsó para negociar la terminación del conflicto armado interno, sin reconocer la situación de las víctimas y las responsabilidades de las Farc frente a la violación de los derechos humanos.
El Centro Democrático ha desarrollado una política radical y agresiva dirigida a reversar este proceso. Después de ganar el plebiscito y las elecciones presidenciales ha buscado posicionar su punto de vista frente a la paz. Como partido político tiene el derecho, como lo tienen todos, de hacer valer sus concepciones políticas en la arena democrática. Eso es indiscutible. A lo que no tiene derecho es a convertir la política en un medio para prender nuevamente la chispa de la guerra, como lo hace el senador Uribe al twittear: “hay que derogar la JEP”.
Plantear reformas en el parlamento es lo que se debe hacer cuando una ley no satisface ciertos intereses o requisitos. Pero objetar por razones de inconveniencia, el proyecto de ley estatutaria de la JEP o peor, “derogar la JEP” significa quebrar el proceso de paz y desarticular sus instituciones.
En la historia de las transiciones a la democracia hay ejemplos a tener en cuenta. La Comisión de la Verdad y de la Reconciliación de Sudáfrica (CVR) propuso intercambiar la justicia retributiva por la verdad y el emprendimiento de reformas, como el desmantelamiento de las instituciones jurídicas y políticas del apartheid. En la CVR se diferenció el castigo que es objeto de la justicia criminal y la reforma política que es objeto de la justicia política. “El cambio de lógica de la justicia criminal a la justicia política condujo a la descriminalización y a la legitimación de las dos partes en el conflicto” (Mamdani). A partir de esto se consideró que los oponentes deberían dejar de ser “enemigos absolutos” para ser “adversarios políticos”.
Aceptar al oponente (Farc) como “adversario político” es algo que no admite el CD. Priorizan el internamiento carcelario, el castigo con largas penas a los responsables de graves crímenes, la extradición, al desarrollo de una discusión sobre el cambio de las reglas que pudieran conducir a nuestro país a crear una comunidad política liberal, democrática y socialmente justa.
El modelo sudafricano impuso una solución política y legitimó a las partes del conflicto. En Colombia se aprobó en el Congreso una solución política, no retributivista, con un grado importante de justicia penal y restaurativa, pero esta no ha sido aceptada por los opositores de la paz, que califican a las Farc como una organización ilegítima, a la que no consideran el “adversario político”, sino el “enemigo absoluto”, que debe ser destruido en tanto criminal.
