La Corte internacional de Justicia de la Haya falló en contra de Colombia condenándola a ceder el mar en disputa con Nicaragua demarcado por el paralelo 82 que en justicia le pertenecía al país, esta sentencia violó el Tratado Esguerra y Bárcenas firmado en el año 1928 y ratificado por el Protocolo de 1930. El fallo inapelable le usurpó gran parte del mar territorial al país, afectando a los pobladores de la zona y a quienes derivan su sustento de la pesca artesanal, denominados raizales, quienes son etnias asentadas en las islas desde tiempos de la conquista española.
El presidente Santos, como compensación, ha ofrecido ayudas económicas a las comunidades de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; sin embargo, el estado actual de las condiciones de vida de los grupos de pescadores es lamentable. Desde el año 1953 la isla de San Andrés fue reconocida como puerto libre y desde entonces ha servido de puente para el ingreso de mercancías en forma legal e ilegal hacia el continente, se dio inicio al establecimiento de los llamados sanandresitos en diferentes ciudades del país, identificados la mayoría de las veces como centros de distribución del contrabando y apenas ahora se ha venido legalizando por parte del Estado.
A fines de los años 70 y principios de los 80, se establecieron algunas mafias del tráfico de droga, contaminando a algunos isleños del ilícito negocio, el mismo que ha continuado a pesar de que el gobierno ha combatido este flagelo cuando se presentó el desmonte de los carteles del Valle. Esta circunstancia permitió la existencia de una economía artificial y perjudicial para el archipiélago, hasta el punto de que la isla de San Andrés cuenta con un número importante de edificaciones que fueron propiedades de los narcos de la época, algunas cuyo proceso de construcción se encuentra abandonado y muchas de ellas derruidas por la acción del tiempo.
Hoy pesa sobre la población la inconformidad resaltada por la gobernadora del archipiélago, Aury Guerrero, motivada por el fallo del supremo tribunal, resaltando el abandono por parte del gobierno; adicionalmente durante largo tiempo el turismo, gran parte promovido por las líneas aéreas, ha sido relegado a unos estratos de gentes que han aportado muy poco a la economía de la zona. Desde hace algunos años, inversionistas caleños y de otras zonas del país, han desarrollado proyectos de apartamentos de buena calidad a pesar de que la arquitectura caribeña ha cambiado abriéndole paso a las construcciones de concreto tradicionales; sin embargo pese a estas iniciativas, existe un estricto control a la migración de personas interesadas en establecerse allí, lo que ha retardado el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida de los isleños.
San Andrés y su zona de influencia se encuentra en una encrucijada, porque el comercio ha disminuido su intensidad, dada la apertura económica del país y los tratados de libre comercio; la única alternativa es el desarrollo del turismo con énfasis en la naturaleza, dadas las características que presenta la isla de Providencia y las paradisíacas playas de San Andrés; se requiere de un apoyo más decidido del gobierno hacia los raizales, para proteger sus actividades de pesca marina.
El presidente Santos debe cumplir la palabra empeñada, el problema del litigio ha pasado de moda y los titulares de prensa quedaron en el olvido, sin embargo, las autoridades nicaragüenses continúan con sus pretensiones y no se conocen acciones distintas del Estado a dar respuesta a la nueva demanda. Por eso es necesario que miremos hacia el mar de los siete colores, porque esa maravilla natural sería lo único que le quedaría a esta zona colombiana, porque no se merece el trato que el gobierno le ha dado en los últimos años.