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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, un exguerrillero que hizo campaña como moderado, aún no ha completado su primer mes en el cargo. Pero sus primeros pasos en los frentes de política exterior y derechos humanos han sido, francamente, decepcionantes.
Petro ya había prometido durante la campaña restablecer relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela por razones económicas y humanitarias. Pero parece estar forjando lazos mucho más cálidos con el dictador venezolano Nicolás Maduro de lo que muchos habían anticipado. Ya solicitó oficialmente el ingreso de Venezuela junto con Chile y Argentina a la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Actualmente, dicho grupo está integrado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Esta propuesta de incorporar a Venezuela a la CAN sin condicionarla al respeto de normas básicas de derechos humanos es un gran revés para los esfuerzos internacionales de presionar a Venezuela para que cese la represión política y permita las libertades fundamentales.
El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, exjefe de campaña de Petro, se reunió por separado días atrás en Caracas con Maduro, el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, y el vicepresidente del partido gobernante, Diosdado Cabello, y publicó fotos sonrientes con ellos en sus redes sociales. Por el contrario, Benedetti no se ha reunido con el líder de oposición, Juan Guaidó.
Lo que es peor, dijo Benedetti en una entrevista con Bloomberg que el pedido del expresidente de Colombia, Iván Duque, de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los abusos a los derechos humanos en Venezuela había sido “un error”, y que Colombia podría retirar su petición a la CPI. Una retirada de la petición colombiana sería otra gran victoria propagandística para el régimen de Maduro.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los escuadrones de la muerte de Maduro son responsables de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales solo entre enero de 2018 y mayo de 2019. Y las violaciones continúan hasta hoy, dicen los activistas de derechos humanos.
Érika Guevara Rosas, directora regional para las Américas del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, dijo que los recientes pasos de Colombia con respecto a Venezuela “son preocupantes, porque las relaciones políticas deben tener en cuenta consideraciones de derechos humanos”.
Un posible retiro colombiano de su petición a la CPI “enviaría un mensaje político devastador a las víctimas” de los abusos de Venezuela y equivaldría a “un gran revés”, añadió.
Los grupos internacionales de derechos humanos también están preocupados por el silencio de Petro sobre los abusos de la dictadura nicaragüense.
El gobierno de Petro no apoyó una votación en la Organización de los Estados Americanos el 12 de agosto en la que se condenarían los ataques del régimen de Nicaragua contra los sacerdotes católicos de ese país. La condena fue aprobada con 27 votos a favor, cuatro abstenciones, un voto en contra y dos países ausentes, Colombia y Nicaragua.
Juan Pappier, investigador regional del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, opina que “una cosa es restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y otra muy distinta es andar a los besos y abrazos con Diosdado Cabello”. “La primera es una medida necesaria y adecuada; lo segundo, un gesto de complicidad con una dictadura”.
Puede que sea demasiado temprano para emitir un juicio definitivo sobre el compromiso de Petro con los derechos humanos. Tendremos una idea mucho mejor de sus intenciones a finales de este mes, cuando Colombia emita su voto sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Si Petro cambia el voto de Colombia de los últimos años, que condenaba a Venezuela, será una clara señal de que no fue sincero durante la campaña, y que se convertirá en un aliado de las peores dictaduras de América Latina. El mundo estará pendiente del voto de Colombia
