Marta Lucía Ramírez
Columnista

Marta Lucía Ramírez

Publicado el 09 de noviembre de 2017

El Sena no es caja menor de clientelas

Por estos días ocurrió un hecho que representa la tragicomedia en que nos tiene sumidos este gobierno: María Andrea Nieto, directora del Sena, denuncia casos de corrupción en la contratación de la entidad y, en vez de centrar la atención en sus señalamientos, es declarada insubsistente. Palabras más, palabras menos, se ataca e invisibiliza a quien denuncia actos de corrupción.

Según informes de la Contraloría, se encontró un desorden administrativo luego de auditar la gestión del entonces director del Sena Alfonso Prada, quien ahora es el secretario General de la Presidencia. Lo que revelan tanto informes de los organismos de control como las denuncias de María Andrea Nieto, es que desde el gobierno convirtieron a la entidad en un fortín burocrático y de contratación para las cleintelas y amigos del oficialismo.

Dice textualmente la denuncia, que “se encontraron deficiencias en las etapas de contratación por falta de efectividad en el control y seguimiento. Falta de estudios previos en importantes contratos o pagos que no están fundamentados y hacen parte del desorden administrativo que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantuvo durante toda la gestión de Alfonso Prada”. Esperaría uno que la primera reacción desde el gobierno hubiera sido exigir claridad inmediata sobre el o los responsables y asumir una postura fuerte contra la corrupción. Sin embargo, la primera decisión fue pedirle la renuncia a la directora bajo el argumento de “no haber seguido los conductos regulares” y posteriormente declararla insubsistente ante su negativa de renunciar por “haber perdido la confianza del Gobierno Nacional”.

¿De qué manera debe conservarse la confianza del Gobierno? ¿El deber de los buenos funcionarios es con el Estado y las instituciones más que guardando la espalda a quienes las deshonran o por negligencia les fallan. Si para no molestar al presidente hay que ser complaciente con hechos oscuros de sus funcionarios, apaguemos y vámonos. Triste contraste que la educación sea un derecho casi inaccesible para muchos jóvenes colombianos, mientras desde el Gobierno convierten en fortin burocrático a una entidad fundamental en la formación de jóvenes de menores recursos.

Después de este episodio quedan más dudas que certezas. Muy probablemente no pase nada porque la impunidad se convirtió en parte del paisaje. La corrupción, mermelada o clientelismo se apoderó de casi todas las instituciones del Estado, que en vez de cumplir sus funciones en beneficio de todos los ciudadanos, se convirtieron en botín de politiqueros para ubicar a “sus cuotas” -sin importar si tienen méritos- y garantizar sus apoyos.

La Contraloría y la Procuraduría deben tener un papel mucho más activo en la prevención, denuncia y sanción efectiva a la corrupción. Es inaceptable que sigan llegando tarde, cuando el daño ya está hecho y los culpables quedan sin sanción, fortaleciendo la idea de que en Colombia todo vale y que la justicia es solo para unos pocos. Tenemos que ser Fuertes y por eso quiero garantizar un gobierno que ejerza liderazgo por la fuerza de sus ideas y no por los puestos y contratos que se negocian como la caja menor del mandatario de turno.

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