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Después de 128 minutos, la película ‘Spotlight’ despliega un listado de ciudades con reportes de abuso sexual perpetrado por sacerdotes católicos en el mundo; entre Masterton (Nueva Zelanda) y Melbourne (Australia), hay un dardo certero: Medellín, Colombia.
Quien dirigió el Boston Globe durante las investigaciones de ‘Spotlight’, Marty Baron, ha sido enfático: “No se trata de individuos sino de una institución”.
Al igual que la película de Tom McCarthy y diversos documentales, libros como ‘Sodoma’, de Frederic Martel, y ‘Dejad que los niños vengan a mí’, de Juan Pablo Barrientos, evidencian las dimensiones del encubrimiento: cada abusador de sotana cuenta con una coraza protectora de capas concéntricas.
La gran cobertura exterior es el Derecho Canónico: todo sacerdote hace parte de una estructura que lo protege de la acción civil gracias a este código que, desde 1917 (actualizado en 1983), actúa como una “justicia hecha por los suyos y para los suyos”.
Al retirar esa capa, quedan los obispos, arzobispos y superiores de comunidades religiosas que niegan la entrega de archivos secretos a los entes investigadores. Para Barrientos, los grandes encubridores en Colombia son: “Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal; Jorge Alberto Ossa, obispo de Santa Rosa de Osos, recientemente nombrado arzobispo de Nueva Pamplona; los inspectores de la Comunidad Salesiana, en Bogotá”. Y agrega: “Darío Monsalve, arzobispo de Cali, más que encubridor, ha revictimizado a las víctimas y ha sido negligente con ellas [...] tiene un cura condenado y dos se suicidaron durante el juicio”.
Siguen las autoridades que se guían por su fe y no por las leyes de un Estado no confesional; al retirar esa lámina, aparecen los medios de comunicación que privilegian la protección del “buen nombre” de los denunciados sobre los derechos de los niños –el encubrimiento se multiplica cuando se trata de una “estrella” como el padre Carlos Yepes–. Al arrancar una cobertura más, se desvelan escuela y familia, círculos donde la palabra de quien representa a Dios suele estar por encima del resto de los mortales.
En el núcleo, en soledad: el testimonio de un niño.
Barrientos ha solicitado documentación a la Pía Sociedad Salesiana y a la Arquidiócesis de Medellín. Aunque esos archivos son privados, la naturaleza de su información es pública porque podría estar relacionada con violaciones a derechos de menores de edad. Los investigadores de Dejusticia lo explican: “El derecho a la información solicitada prevalece sobre el derecho a la libertad religiosa porque (i) es parte de la competencia del orden jurídico colombiano y no de la jurisdicción eclesiástica y del Concordato, (ii) es información de interés público por tratarse de la posible comisión de múltiples delitos sexuales a niños y niñas que además podría prevenir delitos futuros, y (iii) porque es un caso de posible vulneración de derechos fundamentales, que involucra niños y niñas, una población sujeto de especial protección por distintos instrumentos nacionales e internacionales”.
¿El producto del encubrimiento?
No hay registros que precisen las cifras de víctimas que jamás superan el trauma del abuso sexual (algunas se suicidan) ni de fieles que abandonan la Iglesia. O los números de la ignominia: los sacerdotes que entregan su vida al servicio de los más vulnerables –con frecuencia en condiciones adversas– y, sin embargo, son juzgados con el mismo rasero de los abusadores.
PD: Tres tutelas han interpuesto contra Barrientos. Las tres han sido falladas en su favor..
