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El anunciado proyecto del Gobierno nacional sobre la reforma a la educación ha merecido especial atención de los medios de comunicación y de los conocedores y especialistas en el tema. Justo de toda consideración que así sea. Ampliar la cobertura, atender la educación de la niñez, aumentar la financiación, mejorar los mecanismos de inspección y vigilancia, son asuntos que deben atenderse, ya que habilitan al sistema educativo para que pueda cumplir mejor los objetivos que le asigna la Constitución de formar a los colombianos en el respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia, la práctica del trabajo, la recreación y la protección del medio ambiente.
Para satisfacer estos cometidos y proporcionar una educación de calidad, las normas ordenan impartir la enseñanza bajo el modelo de competencias específicas y genéricas. Específicas que preparan para el trabajo de acuerdo con temáticas y contenidos perteneciente a cada profesión; genéricas referidas a lo que debe saber todo profesional con independencia de su área de conocimiento y comprende lectura crítica, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, inglés y competencias ciudadanas, que son las que motivan este escrito y pueden entenderse como el conjunto de conocimientos y habilidades que hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.
Y es que la educación, de acuerdo con las normas y las necesidades de la sociedad, debe proponerse tanto la instrucción de unas materias que capaciten para el trabajo y den respuesta a las demandas de las empresas de preparar con pertinencia a profesionales y trabajadores, como también a la formación integral de las personas, a la formación de auténticos ciudadanos, por medio de la incorporación explícita de los valores básicos y fundamentales para la convivencia y la democracia, como el respeto de los derechos humanos, el diálogo, la tolerancia, la libertad, la empatía, la responsabilidad, la honestidad, la equidad, la igualdad, la solidaridad y la paz. Si bien la formación del individuo depende del Estado, la familia y la educación, no puede perderse de vista que la educación tiene posibilidad real de fortalecer o socavar aquello bueno o malo que haya logrado la familia y también de configurar una cultura que reconozca a los demás como individuos en sí mismos. Bien lo dice Martha Nussbaum en su libro Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades: “la educación nos prepara no solo para la ciudadanía, sino también para el trabajo y, sobre todo, para darle sentido a nuestra vida”.
Ante tantos abusos contra la dignidad de la mujer y de la infancia, los permanentes escándalos de corrupción, la constante violación de los derechos humanos, la alta evasión de impuestos, la prevalencia del interés particular sobre el bien común, el crecimiento de la drogadicción, los altos niveles de violencia e inseguridad y la creciente violación de los derechos de propiedad surge una pregunta: ¿está la educación cumpliendo su función de formar buenos ciudadanos?
De allí, que la respuesta a la pregunta conduzca necesariamente a pedir que el proyecto de ley se ocupe de manera preferencial de este asunto, porque no puede ignorarse que la construcción de una sociedad pacífica, democrática y respetuosa, pasa necesariamente porque la educación proporcione al ciudadano las adecuadas competencias, no solo para el trabajo, sino también para superar los conflictos sin violencia y aprender a ejercer libremente los derechos sin vulnerar los de las demás personas.
