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Bastante hemos escuchado a los especialistas hablar sobre uno de los más graves problemas que deja el gobierno saliente en las finanzas. Se trata de la deuda pública, a la que suelen referirse en términos de porcentajes del PIB y sus implicaciones en el déficit fiscal y primario. Tanto tecnicismo suele alejarnos del problema, llevándonos a pensar que es ajeno y que solo le interesa a técnicos y al gobierno de turno, pero no a nosotros.
Gran equivocación, porque la deuda es nuestra. Sí, suya, mía y de cada uno de los colombianos, siendo ella, por desgracia, gigantesca. Desde que terminó el gobierno Duque, a pesar de los créditos necesariamente tomados para afrontar la pandemia, la deuda ha crecido desproporcionadamente hasta niveles nunca vistos ni esperados, llegando a junio de este año a la suma de 1.200 billones (millones de millones) de pesos, estando reducida de momento por la revaluación coyuntural del peso a causa de la avalancha de dólares. Es de tal magnitud la deuda, que adicionalmente nos cuesta 102 billones de pesos al año, equivalentes a pagar un gota a gota de 280.000 millones diarios en intereses, antes de abonos a capital.
Para continuar desmenuzando el problema, seamos conscientes que esa deuda significa que a cada uno de los 53,4 millones de colombianos, independiente de su edad o condición, le corresponden 22,5 millones de pesos, lo que para un hogar típico colombiano de 3 personas significa 67,5 millones de deuda, de la que posiblemente no somos conscientes. Más indignante es saber que a ello llegamos por la corrupción desbordada, el despilfarro, la politiquería y el desdén administrativo del gobierno saliente. Posiblemente para muchos lectores esta columna sea una ingrata noticia, pero es una realidad tangible de la que debemos tener consciencia, porque esa deuda, tarde o temprano, hay que pagarla.
Cierto es que la deuda la contrae el Estado, pero con dos axiomas de por medio. El primero es que el Estado somos nosotros, porque es la figura que hemos acordado para organizarnos, regular nuestra convivencia y prestarnos servicios esenciales. El otro es que el Estado debe procurarnos el mayor bienestar posible, pero él no genera riqueza por sí mismo para cubrir sus gastos e inversiones. Debe vivir, invertir y gastar muy racionalmente los recursos que recauda de todas las personas naturales y jurídicas por vía de impuestos y demás cargas, tales como IVA, renta, cuatro por mil, sobretasas, contribuciones, prediales, combustibles y otros.
En tales circunstancias, tal y como ocurre en cualquier hogar que gasta más de lo que gana, al Estado, en cabeza del nuevo gobierno, le toca racionalizar al máximo todos los gastos para ajustarse a la realidad de lo que sea posible para todos. Eso debe hacerse con máxima responsabilidad y profesionalismo, definiendo una estrategia que impida que el problema continúe agravándose, encaminándolo hacia una solución, sin sacrificar los beneficios que debe prestarnos ni asfixiarnos con mayores tributos.
En un país con tanta pobreza y necesidades urgentes, la austeridad no es una opción moral sino un imperativo..
