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Desde el terrible atentado contra Miguel Uribe Turbay, algunos sectores han propuesto “moderar el tono” del debate público y “desescalar el lenguaje” como respuesta a uno de los más graves hechos de violencia contra un líder político en décadas en Colombia. Sí, es verdad que tanto el tono como el lenguaje, particularmente el del gobierno en cabeza de Petro, es reprochable e indeseable, pero el problema no termina ahí. No permitamos que nos distraigan de lo esencial.
Lo realmente grave —y en donde el gobierno tiene responsabilidad por su inacción— es el crecimiento desbordado de los cultivos de coca en el país. Según cifras oficiales de las Naciones Unidas para 2023, Colombia contaba con 253.000 hectáreas de cultivos de coca, un 10 % más que el año anterior. Expertos en esta materia estiman que actualmente la barrera de las 300.000 hectáreas cultivadas ya fue superada. Lo anterior se suma a un aumento del 53 % en la producción potencial de cocaína respecto a 2022, lo cual ha enriquecido a grupos criminales y les ha permitido ganar en control territorial e influencia.
A un año del fin del mandato de Petro, no es claro el destino de la fallida política de “paz total”. A pesar del deterioro en indicadores de seguridad como los secuestros y masacres, ni el presidente ni su ministro de Defensa han presentado señales concretas sobre el rumbo de esta política gubernamental. Aunque la seguridad se sigue deteriorando, el gobierno persiste en negociar sin resultado alguno.
En materia económica, Petro y su ministro de Hacienda han acabado con una tradición de manejo macroeconómico responsable, rompiendo la regla fiscal, lo cual deteriora el riesgo país, ahuyenta la inversión y genera mayores tasas de interés ante futuros préstamos de la Nación. El déficit fiscal está por encima del 7 % y, al igual que en el caso de la seguridad, a pesar de la urgencia de la realidad, el gobierno sigue gastando, aumentando la burocracia con fines electorales y ahora proponiendo una nueva reforma tributaria.
El mandato constitucional que Petro ha tenido de gobernar para todo el país y unirlo es desconocido día a día. Mientras los pilares fundamentales del país son golpeados por el deterioro de la seguridad ante la pasividad del gobierno, y mientras los cimientos de las finanzas públicas son vulnerados por un gasto irresponsable, el mayor compromiso de Petro es el de moderar su discurso. Mientras este minúsculo pacto de discurso es firmado, renglón seguido, Petro —aconsejado por uno de los juristas más opacos del país— propone buscar una asamblea constituyente vía una masiva recolección de firmas, rompiendo de esta manera la Constitución.
De modo que no, la solución no es “desescalar el lenguaje”, sino gobernar efectivamente: dar resultados en la investigación del atentado contra Miguel Uribe, combatir la ilegalidad, recomponer el gasto estatal y respetar el Estado de derecho. No ocurrirá. Sólo queda resistir civilmente y concentrarnos en lo esencial.
P. D: Una oración permanente por la recuperación de Miguel. Conservemos la esperanza.
