Pico y Placa Medellín
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El costo más peligroso de la regulación no siempre se paga en plata. A veces se paga en atención.
Nos evaluaron con un formato que preguntaba por empaques de alimentos. Nosotros trabajamos con extintores. Dirijo la ingeniería y los proyectos de una empresa de seguridad industrial en Medellín. Mantenemos extintores, equipos de respiración autónoma, hacemos pruebas hidrostáticas y otras labores en las que una cosa importa por encima de todas: que el equipo funcione cuando alguien lo necesite.
El 29 de julio recibimos una visita sorpresa de la Secretaría de Salud. Nos evaluaron con un formato de “Establecimientos con Riesgo Químico” que mezclaba química industrial con asuntos propios del manejo de alimentos: códigos de colores, empaques, avisos de no fumar.
Terminamos con 90% y 89% de cumplimiento y concepto favorable condicionado. Hubo hallazgos legítimos: un reenvase, un riesgo eléctrico, un piso deteriorado. Esos se corrigen y punto. Pero el mismo formato marcó como “no aplica” el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
A nosotros sí nos aplica.
Transportamos extintores con gases regulados. El formulario alcanzó a atribuirle toxicidad a un producto que no la tenía -hasta que mostramos su número CAS- y, al mismo tiempo, dejó por fuera un riesgo que sí existe en nuestra operación.
Ahí empieza el problema.
No es que cada norma sea absurda. Muchas tienen sentido. El problema aparece cuando todas se acumulan sobre la misma empresa, la misma persona y las mismas horas del día.
En diciembre de 2024, el Área Metropolitana nos hizo cinco requerimientos por una cabina de pintura. Nueve meses después apareció un dato bastante menos dramático: durante 2024 la cabina se había utilizado, en promedio, el 0,8% del tiempo.
Cuatro de los cinco requerimientos terminaron declarados no procedentes.
Mientras tanto, ya habíamos dispuesto correctamente 8.468,92 kilos de residuos peligrosos bajo un plan de manejo. Es decir: lo ambientalmente importante se estaba haciendo. Buena parte de la energía terminó gastándose demostrando que se estaba haciendo.
Y esto se repite en pequeño.
Dotación cada cuatro meses. ICA municipio por municipio. Comité de Convivencia Laboral. COPASST. Aprendices del SENA. Baterías de riesgo psicosocial. Actas. Matrices. Protocolos.
Cada obligación, sola, se puede defender.
Juntas empiezan a competir con el trabajo.
Hay otra tendencia que me preocupa todavía más. Después del asesinato de una trabajadora de Homecenter en Soacha por un hombre que la acosó, el Ministerio de Trabajo le ordenó a la empresa formalizar medidas de prevención frente a la violencia de género.
El crimen es atroz. No estoy discutiendo eso.
Mi pregunta es otra: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa por la conducta de terceros que no controla?
Cada vez que algo falla en la sociedad, la respuesta parece terminar sobre el escritorio del empleador: otro protocolo, otra capacitación, otra matriz, otro responsable.
La empresa empieza a convertirse en aseguradora de última instancia de problemas que muchas veces están por fuera de su capacidad real de control.
Y ahí aparece el costo que casi nunca medimos.
No es plata.
Es atención.
Una empresa pequeña tiene pocas personas capaces de resolver lo difícil. Cada hora llenando una casilla que no aplica es una hora lejos del cliente, del producto, de la innovación o, en nuestro caso, de un equipo del que puede depender una vida.
La paradoja sería perfecta: empresas impecables para responder formularios y cada vez peores para hacer su trabajo.
El día que respondamos al formato y no al cliente, el riesgo real va a crecer en silencio.
Con todos los papeles en regla.
